Entre 2018 y 2020, todo se manejó con pura inercia, sin planificación. Mucho gasto y nulos resultados.
La gestión de la Empresa Nacional Minera (Enami) fue un completo fracaso entre 2018 y 2020. Según un nuevo informe de Contraloría, durante ese periodo, las autoridades a cargo no emitieron ni impulsaron ningún tipo de lineamientos o políticas en temas como explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización y cierre de minas, entre otros.
«El directorio y los gerentes generales de la empresa no emitieron pautas para alcanzar los objetivos establecidos en la planificación estratégica, no dispusieron la optimización del gasto ni elaboraron políticas de sostenimiento de las inversiones realizadas en la prospección y exploración de los proyectos mineros», puntualiza el informe.
En otras palabras, todo fue inercia y completa falta de gestión. De acuerdo con el organismo del control, Enami solo se limitó a recibir ingresos por regalías, generados en años anteriores a través de los contratos firmados para cesión y transferencia de derechos mineros.
Asimismo, tampoco se buscó financiamiento por fuera de los dineros que entrega el fisco; y mucho menos se hicieron gestiones reales y efectivas para buscar más inversión nacional y extranjera en el sector.
Otro mal negocio para el Estado
Esta suma de inacciones dio como resultado que la empresa pública registrara un bajo rendimiento económico, que osciló entre el 4% y el 29% de las rentas totales. En otras palabras, con bajos ingresos y gastos corrientes crecientes, Enami se descapitalizó y no cumplió con ninguno de sus objetivos durante tres de los cuatros años del Gobierno de Lenín Moreno.
Finalmente, la Contraloría determinó que existieron irregularidades en la concesión de derechos mineros. Por ejemplo, el proyecto Río Huambuno, en la provincia del Napo, se concesionó a partir de un informe estimativo de volúmenes y no sobre la base de la evaluación del yacimiento, como establece la normativa vigente.
Y, para rematar el mal manejo, Enami realizó actividades en territorios de comunidades ancestrales, lo que impidió la generación de recursos económicos para el Estado y ocasionó una sentencia de reversión de las concesiones mineras y la reparación de daños ambientales.
El panorama que detalla Contraloría alrededor de la empresa pública solo profundiza los graves problemas estructurales del sector minero. Esos problemas, que incluyen controles ineficientes y pesada tramitología, solo benefician a las actividades informales e ilegales.
Se supone que el Gobierno de Guillermo Lasso busca cambiar el deterioro y la inercia, a través del decreto 151. Ese decreto establece plazos para cambiar las leyes, agilitar trámites, mejorar controles y atraer más inversión privada. Sin embargo, sectores ambientalistas y sociales han presentado recursos de inconstitucionalidad.
En el caso de la Confederación de Nacionales Indígenas (Conaie) se amenaza con romper los diálogos con el Ejecutivo si no se dejan sin efectos las acciones para incrementar la actividad minera. (JS)