Advierten que el texto deja vacíos que permitirían la posibilidad de la implementación de un “estado paralelo” y hacen un llamado a la sociedad conocer el articulado
Los sectores productivos del país están mostrando su preocupación por el grado de discrecionalidad que se observa en el texto aprobado del Código de Comunas aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.
La presidenta de la Cámara de la Minería de Ecuador (CME), María Eulalia Silva, manifestó la preocupación del sector ante la discrecionalidad que muestra el instrumento.
Silva precisó que en la actualidad siguen estudiando con detalle el código de las comunas que desarrolla la Comisión de Garantías Constitucionales y que fue aprobado por la Asamblea Nacional en primera discusión el pasado mes de marzo y que ya se encuentra en la fase de preparación de la consulta prelegislativa.
“Sin desmedro de un análisis aún más profundo, nos preocupa profundamente el Código de las Comunas, nos preocupa como sector. La ancestralidad es una condición parametrizada”, advirtió.
Silva explicó que dentro del Convenio 169 de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT), se establecen los parámetros que regulan a nivel internacional los 21 derechos colectivos de los Pueblos y Nacionalidades. Puntualizó que el Convenio 169 de la OIT establece los parámetros que regulan e identifican el concepto de «ancestralidad”, aspectos que no estarían presentes en el marco que desarrolla el parlamento.
Remarcó que dentro de los lineamientos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, las comunidades “ancestrales” serían aquellas que mantienen sus instituciones culturales desde antes de la conquista.
Advirtió que “sí la ancestralidad queda a la suerte de una especie de discrecionalidad, nos preocupa porque la ancestralidad genera una serie de derechos y prerrogativas”.
Para Silva, tal como está desarrollado el Código la ancestralidad estaría a la discreción de «todo el mundo” y con las características que tienen los territorios ancestrales estaríamos ante el peligro “de una suerte de un estado dentro del Estado y eso para la gobernabilidad es absolutamente delicado”.
Reglamentará la Consulta previa libre e informada
La Presidenta de la CME destacó que desde el sector de las industrias extractivas desde hace varios años han solicitado la elaboración de un reglamento que desarrolle las formas, límites y procedimientos de la Consulta Previa, Libre e Informada, pero sus solicitudes han sido desoídas por el poder legislativo
“La Constitución del 2008 y la ley de Minería del 2009 establecen la práctica de la Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades, cómo el mecanismo de participación de las comunidades y que debe ser realizada por el Estado” en los territorios dónde se esté elaborando un proyecto de tipo extractivo.
Indicó que bajo los lineamientos del Código de Comunas que debate la Asamblea Nacional, “cualquier conglomerado podría declararse ancestral y habría que consultarlo”, remarcó.
A juicio de Silva, “no se trata de poner trabas a la industria, sino de caminar sosteniblemente de la mano de la comunidad”.
Plan coordinado con muchos frentes
Por su parte, Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas advirtió que el desarrollo del Código de las Comunas, la Ley de Recursos Hídricos y del Agua forman parte de un “un plan coordinado que busca abrir varios frentes y pasar desapercibido para la sociedad”.
Para el dirigente del sector minero no es casualidad que ambos instrumentos estén siendo llevados adelante en este momento, en el que la coyuntura política muestra a un gobierno “debilitado” y un movimiento indígena “fortalecido”.
Benalcázar hizo un llamado a la sociedad ecuatoriana a poner atención sobre ambos instrumentos, pues a su juicio “la sociedad no está al tanto de estás leyes y si no estamos atentos y pasan estos códigos podríamos encontrarnos ante la realidad de que ya Ecuador no es de todos los ecuatorianos”.
Advirtió que en la Ley de Aguas y Recursos Hídricos estaría tratándose de ampliar derechos para que el agua en los llamados territorios ancestrales, “solo les pertenezca a ellos (comunidades en los territorios)”.
Fernando Benalcázar reiteró que también estarían tratando de cambiar la clasificación de algunas cuencas hídricas que no cumplen los parámetros y en las que ya están operando proyectos extractivos, hechos que podrían afectar al sector minero que se desarrolla en el marco de la legalidad. (ILS)
Polémica por Código de Derechos Colectivos que se trata en la Asamblea