Las activistas rememoraron más de 40 años de luchas por el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Posicionar el aborto seguro como mínimo derecho a reparación, sin estigmatización, al menos en casos de violación sexual, dice una parte de la Declaración de Quito difundida tras un encuentro nacional de mujeres feministas.
Las representantes de distintos colectivos se autoconvocaron, hoy 26 de marzo de 2022, en la Asamblea para rechazar el veto parcial del ejecutivo a la Ley del Aborto en caso de violación al que lo tildaron de «cruel», «inhumano», «revictimizante» y «criminalizador».
En un pronunciamiento de dos páginas, las activistas dijeron que el camino de promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas ha sido difícil.
“Nuestra lucha ha sido constante para propiciar que el Estado ecuatoriano adopte decisiones para el ejercicio de nuestros derechos en todo el territorio, reconociendo desde una perspectiva interseccional, intercultural e incluyente, las diversas circunstancias que viven las mujeres por pobreza, movilidad humana, ruralidad, o por ser mujer indígena, afro, niñas, jóvenes y disidentes”, señalan.
‘Conquista irrenunciable’
Destacaron como una “conquista irrenunciable” la sentencia de la Corte Constitucional y reconocieron su avance al despenalizar el aborto por violación y ordenar a las funciones del Estado que se dicten políticas públicas que garanticen la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres, niñas, adolescentes y personas con posibilidad de gestar víctimas y sobrevivientes de violación.
Alrededor de 170 mujeres, feministas y disidentes del campo, la ciudad y los territorios de pueblos originarios de 65 organizaciones sociales y 15 provincias, se reunieron por casi ocho horas en el salón José María Lequerica de la Asamblea Nacional.
Allí también ratificaron la unidad del movimiento de mujeres, y volvieron a cuestionar el trato excluyente y discriminatorio de un Presidente que, sin ningún reparo, asume una postura dictatorial al anteponer su posición personal al principio laico del Estado con la pretensión de someter a víctimas y sobrevivientes de violación sexual a procedimientos revictimizantes. (SC)