El organismo de control señala a diez jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.
La Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía, entre el último trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, diez informes con indicios de responsabilidad penal de jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel.
En 2022 emitió 30 órdenes de trabajo para realizar exámenes especiales a jueces de varias provincias del país, entre ellas Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas, informó la entidad en un comunicado oficial.
Se aprobaron 20 informes generales y diez con indicios de responsabilidad penal, que fueron remitidos a la Fiscalía.
Según la Contraloría, el equipo de auditoría determinó inconsistencias en la confrontación de la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de diez jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.
El artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, establece el “Carácter público de la declaración y reserva de la confrontación y examen”.
En su parte pertinente señala que la información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública. La confrontación y examen tendrán el carácter de reservados salvo para quien está siendo investigado, y solo perderán este carácter si, una vez, remitido a la fiscalía general un informe con indicios de responsabilidad penal, esta inicia la instrucción respectiva.
La misma norma establece que, están obligados a presentar la declaración patrimonial jurada todos los servidores públicos al iniciar y finalizar la gestión y a actualizarla cada dos años.
Las declaraciones deben contener información completa sobre los activos y pasivos del declarante, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como en el extranjero, por lo tanto, toda la información constante en el formulario debe tener sustento en la documentación de soporte, refiere la Contraloría.