Mientras, una audiencia contra Álex Bravo tuvo que suspenderse ayer en Esmeraldas por falta de sus abogados.
QUITO Y ESMERALDAS
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional llamará a comparecer a Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, dentro del proceso que investiga la constitución de empresas en paraísos fiscales.
Merizalde admitió la semana pasada que había constituido la compañía panameña Horgan Investments y que no incluyó esa inversión en sus declaraciones patrimoniales de bienes, argumentando que nunca estuvo en operación.
El asambleísta Mauro Andino (PAIS), presidente de la Comisión, manifestó que ya se ha pedido información sobre las declaraciones patrimoniales juramentadas del funcionario. “El trámite es un poco lento porque tenemos que pedir primero a la Contraloría y no es que nos da directamente sino que nos da la información en qué notaría y en qué fecha hicieron (la declaración). Luego de eso tenemos que hacer la gestión”, dijo Andino. Luego de obtenida esa información se fijará día y hora para que acuda a la Comisión a presentar su versión.
“En el evento de que un funcionario público, en su declaración juramentada patrimonial no haga constar bienes o recursos económicos que puede tener en bancos, cuentas corrientes, de ahorros, pólizas… podríamos hablar de la posibilidad de un delito que se llama perjurio. Eso corresponde conocer primero a la Contraloría y luego a la justicia ordinaria. Nosotros exclusivamente lo tenemos que resolver es en relación al asunto político, si hay o no incumplimiento de funciones”, agregó Andino.
El caso de Álex Bravo
La no comparecencia de los representantes legales del exgerente general de Petroecuador Álex Bravo obligó al juez de Esmeraldas Estalin Coronel Álvarez a suspender la audiencia oral de formulación de cargos en contra del exfuncionario, prevista para las 14:30 de ayer. El magistrado esperó el tiempo judicial previsto para estos casos, pero solo llegó a su despacho el fiscal Guillermo Santander Patiño, quien el pasado 24 de junio, a las 15:04, presentó el escrito para la audiencia.
A Bravo se le acusa de supuesto enriquecimiento ilícito, delito que, de acuerdo con el artículo 233 de la Constitución, es imprescriptible. El Código Penal penaliza con entre 7 y 10 años al servidor público que cometa esta infracción. (HCR/MGQ)
El dato
Perjurio es el delito que pudo haber comentido Merizalde según Mauro Andino.