La nueva arremetida en contra de los dos generales en servicio pasivo es sensible para el Gobierno.
Los generales Luis Lara y Patricio Carrillo son personas estratégicas para el Gobierno de Guillermo Lasso.
El primero, un oficial militar en servicio pasivo que llegó a lo más alto de las dignidades de la milicia: Jefe del Comando Conjunto. Y, el segundo, también llegó a ser Comandante General de la Policía, el máximo cargo de un oficial en esa Fuerza.
Lara fue militar activo durante 36 años. Estuvo al frente de varias unidades de élite, entre ellas en Grupo Especial de Operaciones y la Brigada de Selva No. 19 Napo. Es Ministro de Defensa desde el 26 de abril de 2022.
Carrillo, de su lado, fue policía activo durante 34 años. Es un reconocido estratega en seguridad, académico e investigador. Ha realizado cursos policiales de alto nivel en Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Israel, Reino Unido y Rusia. El 29 de marzo pasado llegó al Ministerio del Interior.
Juntos, los dos, se han convertido, para sus colegas especializados en seguridad, en una verdadera tenaza anti-narco. Ambos fueron muy relevantes en la revuelta de junio, ya que bajo su cargo estuvieron las acciones de la Fuerza Pública y dieron dos golpes de efecto que fueron determinantes. Para bien y para mal.
El primero fue la detención del líder de la Conaie, Leonidas Iza, el 13 de junio, al inicio de la protesta. Este procedimiento, muy cuestionado, calificado de exagerado, incluso de dar vida a un ‘muerto’, también fue celebrado por algunos analistas y líderes de opinión. Tres días antes de la detención, la Policía y el propio ministro Carrillo tenían información detallada de Inteligencia sobre lo que se venía: bloqueos en las carreteras de varias provincias, la violencia en las protestas y el cierre de pozos petroleros.
El segundo, el 21 de junio, a las 07:00, fue el anuncio de que había dinero sucio involucrado en la organización de la protesta. El Ministro Lara estuvo acompañado del Alto Mando de las FF.AA. Dijo que las acciones que se dieron iban más allá de la protesta ciudadana. Aseguró que son un intento deliberado “de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones». Advirtió, de forma contundente, que los militares “no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la república».
Una de las características que comparten es que son duros críticos del Socialismo del Siglo XXI y del correísmo.
Lara es parte del Gabinete estratégico. Y él, junto con Carrillo, hacen parte del Gabinete Sectorial de Seguridad. Puestos neurálgicos en el Gobierno.
Pero todos quienes protagonizaron la revuelta de junio están contra ellos. El correísmo, Pachakutik, la Conaie, Feine, Fenocin, Frente Popular, UNE, Cucomitae… Hay demandas penales por vincular al correísmo con actos ilegales y por la detención de Iza, también anuncios de juicios políticos y pedidos de destitución.
Mario Ruiz, de Pachakutik y aliado de Leonidas Iza, dice que la Policía no respetó los derechos humanos, atacó a los supuestos centros de paz, como la Universidad Central, y que el responsable es el Ministro Carrillo.
Indagación del paro
La Comisión de Garantías Constitucionales, liderada por Fernando Cabascango de Pachakutik, dijo que hoy se aprobará el cronograma para investigar el paro de junio. Es más, el Frente Popular, representado por Nelson Erazo, pidió a Cabascango que se inicien los juicios políticos en contra de Lara y Carrillo. “Ellos son los responsables de haber utilizado la violencia en contra de un pueblo. Son ellos los responsables de, en lugar de abrir el diálogo y la discusión, usar mecanismos que signifiquen resolver los problemas de los ecuatorianos, dieron paso a un sinnúmero de acciones que provocaron, como hemos señalado la muerte de siete luchadores sociales y populares”, dijo el líder sindical.
La nueva arremetida en contra de los dos generales en servicio pasivo es sensible para el Gobierno. Su relevancia en el control de las protestas está ratificada por su permanencia en el cargo. Es un apoyo silencioso.
Asamblea y censura
Pero hay una nueva mayoría que manda en la Asamblea y está integrada por los opositores. Es decir, pueden contar con los votos para la censura. Desde Carondelet han mencionado que, si deben salir los ministros, pues lo harán. El proyecto político seguirá. Sin embargo, el precedente de una salida por la vía de la Asamblea o por el avance de un proceso penal, provocarán que en una próxima revuelta las acciones no sean tajantes. Así lo dicen los especialistas en seguridad.
Y un punto adicional. Este proceso político también lo verán los uniformados de todas las fuerzas que aguantaron palo, piedra y bala.
La disputa política por los dos alfiles de la seguridad del Presidente Lasso ya es un nuevo frente. (JC)