Verdadero terremoto político

El destape de la corrupción en la era correísta sumó esta semana otro capítulo, quizás el más triste y perdurable. En su informe del análisis a la deuda adquirida entre el primero de enero de 2012 y mayo de 2017 la Contraloría General y el equipo de veedores convocado con este propósito determinan indicios de responsabilidades penales y administrativas, con multa y destitución, de Correa y funcionarios de su régimen, incluidos los exministros Rivera y Herrera.

Uno de los indicios se desprende de la declaratoria de secreta y reservada toda la documentación sobre las operaciones de endeudamiento, pasando por alto la Ley. Una larga lista de posibles señalamientos legales, además del anterior, están contenidos en el informe. En este embrollo están involucrados los ministerios de Finanzas y de Hidrocarburos, Petroecuador y la Senplades.

Además, las operaciones de venta anticipada de petróleo no fueron consideradas como deuda, a pesar de haberse reconocido el pago de intereses y devengado con crudo y en efectivo. Ante todo esto el Contralor dispuso un examen especial al Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, Secretaría de Planificación y entidades relacionadas con estas instituciones.

De los indicios que precisa el informe se pudieran derivar otros que la Fiscalía deberá investigar “¿De qué delito estamos hablando? Están destruyendo el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, escribió Correa en su cuenta de Twitter. Lo cierto es que un verdadero terremoto político se desencadenó con el informe de Contraloría. Sus réplicas podrían multiplicarse, expandirse y ahondarse.


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