La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno que aclare los términos de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales de crédito y que transparente la información al respecto. No son pocos los sectores sociales a los que preocupa el drástico giro a la política económica del régimen, al orientarse sin tapujos al mercado.
“No ha trascendido ni se ha hecho público para la sociedad en su conjunto el texto del acuerdo, tampoco sobre el proceso de suscripción y menos aún sobre las condiciones acordadas”, señala la institución. Pero algo se va conociendo poco a poco: una reducción del rol de pagos del sector público (que ya se va haciendo efectivo), se prevé un alza de impuestos y eliminar en lo posible subsidios que no cumplen sus objetivos.
Al cierre de 2018 hubo una destrucción de 155 mil empleos adecuados, mientras el empleo inadecuado y no clasificado aumentó en 174 mil. Además, se pronostica un mediocre crecimiento en la mayor parte de las actividades privadas, excepto petróleo. No obstante, la Defensoría pidió al Gobierno que priorice la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de la población.
La Defensoría invoca el Artículo 419 de la Constitución, que establece que los financiamientos internacionales requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional, previo dictamen de la Corte Constitucional. Sin embargo, con el anuncio de posibles acuerdos con el FMI, el índice de riesgo país descendió a 605 puntos, lo cual alienta posibles inversiones en un país del que su economía crecerá en este año apenas un 0,6%.
«Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez
Cantante estadounidense (1941)
«Todo hombre tiene su precio, lo que hace falta es saber cuál es”.
Joseph Fouché
Político francés (1758-1820)