Esteban Sarmiento Jaramillo
Si bien es cierto que el Estado ecuatoriano como tal, tiene la responsabilidad legal y también ética, de generar políticas sociales en torno a incrementar la calidad de vida de los habitantes del país, es también cierto que desde la ciudadanía debe existir por supuesto, el compromiso y el encargo de involucrarse y participar en temas que incumben a la sociedad en su conjunto, justamente, proceso conducente a conseguir objetivos supremos. Legítimamente para que esta marcha se convierta en sostenible y sustentable, hace falta analizar y obtener una visión integral, desde las dimensiones ecológica, social y económica, que convierta, en conjunto a las políticas de Estado, de a poco y de manera concreta, en viables soportables y equitativas. La Responsabilidad Social que siempre y generalmente ha sido encuadrada en aspectos netamente empresariales privados, tiene que ganar espacio y ampliar su rango de diligencia en el entorno cotidiano ciudadano. No olvidemos que quién norma y quién emana los procedimientos generales de convivencia, es precisamente la sociedad, o mejor dicho el pueblo, quien a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa, ejerce la soberanía, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Entonces, no podemos desvincularnos del accionar ciudadano respecto de transparentar la gestión de lo público, en aquellas tres dimensiones en uso de nuestros derechos de participación, en uso de nuestros afirmados constitucionales y sobre todo, en ejercicio de esa responsabilidad, que más, que responsabilidad institucional o gubernamental pública, es un compromiso ulterior de generar las condiciones más adecuadas para construir el territorio inclusivo e incluyente que aspiramos. (O)