Silenciosamente, sin preguntar a los clientes y con una publicidad engañosa, los bancos han lucrado durante años de un negocio multimillonario: débitos bancarios no autorizados por los clientes, que se suman a los costos de los servicios financieros. El Gobierno ha dado la voz de alarma y habilitó una línea telefónica para denunciarlos, pero la solución es excesivamente insuficiente.
Los bancos, ante denuncias de algunos de sus clientes por esta vía, han devuelto lo “mal habido”. Hay usuarios de sus servicios, que son mayoría, que están a la expectativa de que el Gobierno exija de manera contundente que se les devuelva lo cobrado mediante esos procedimientos, sin necesidad de personarse con una denuncia. ¿Para qué sirven los estados de cuenta entonces? ¿Se requieren más pruebas?
Bajo el principio del bien común como objetivo de nuestro sistema republicano y democrático, la propuesta gubernamental es insólita. ¿Para qué tenemos, como institución, una Superintendencia de Bancos? ¿Al servicio de quién está? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? La Asamblea Nacional comenzó a “advertir” el problema, como si sus miembros apenas estuvieran enterándose de esos cobros mayormente abusivos.
La Superintendencia debe reglamentar los cobros en adelante, pero también obligar a las entidades financieras a restituir aquello de lo que durante años se despojó a los clientes, nadie entiende bajo qué artilugio legal. Hay que rescatar, en la relación entre el cliente y los bancos, lo que es justo, equitativo y razonable. Los intereses ciudadanos mayoritarios son primero, no los intereses creados por unos pocos.
La felicidad es un ave doméstica que se encuentra en el patio de nuestra propia casa”. Nikos Kazantzakis Escritor griego (1883-1957)
Cuanto más probable es el mensaje, menos información contiene”. Norbert Wiener
Matemático estadounidense
(1894-1964)