Últimamente se habla mucho de los cambios a la Constitución Política del Ecuador, mediante una Asamblea conformada por gente que no esté vinculada a los cerrados círculos políticos y es que no se puede encargar la elaboración de las normas que conducen la vida del Estado a quienes son parte interesada en mantenerse el poder;
si la mayor parte de la Constitución deberá ser revisada, desde el título sobre la participación democrática, las instituciones del Estado y la función pública, la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, la organización electoral, los organismos de control, organización territorial y descentralización.
Es importante rescatar la claridad de este cuerpo legal en las secciones que garantizan los derechos a la salud, grupos vulnerables, cultura, educación, ciencia, comunicación, los deportes, los pueblos indígenas, medio ambiente, los consumidores; las garantías a los derechos y los enfoques de derechos humanos y género que le han merecido reconocimiento como las mejores constituciones del continente.
El trabajo legislativo de estas últimas semanas, al parecer ha querido recuperar el tiempo perdido y la imagen perdida, dejarán importantes cuerpos legales revisados: Las reformas al Código de Trabajo, la Ley de la Juventud, Ley de Abuso de menores y pornografía infantil, y en la próxima semana la Ley de Salud.
Las políticas nacionales de salud de las que se habla en la Constitución, se visualizan con los programas de aseguramiento iniciados en las dos provincias más grandes y es al menos lógico que teniendo un Primer Mandatario Médico algo quede hecho en el tema de salud; también la consulta popular insiste en lo que dispone la Constitución, un aporte económico necesario y oportuno para atender esta área social tradicionalmente descuidada.
Esperemos que en esta última semana el Congreso de la importancia del caso a la Ley que enfoca la salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y el uso de la píldora del día después que no debe ser observados desde el “moralismo” de antaño, sino desde una realidad social de altos porcentajes de violencia, abusos sexuales a menores y problemas médicos que deben ser tratados como tales “temas de salud pública”.