Freddy Rodríguez García
La función legislativa, en la mayoría de los países, no siempre goza de popularidad, popularidad que es aún más baja en los países cuya institucionalidad democrática no está muy consolidad, como sucede, por ejemplo, con muchos países de Latinoamérica. Son frecuentes las denuncias de corrupción que envuelven a los diputados, como sucedió por ejemplo en Brasil, en donde varios legisladores fueron acusados, enjuiciados y sentenciados por el bullado caso “mensalao” (mensualidad), que consistía en un pago extra que recibían los diputados por sus “favores” al régimen del ex Presidente Lula Da Silva, es decir, por el apoyo a sus propuestas legislativas. Nuestro Ecuador tampoco ha escapado a esos escándalos.
En el tragicómico gobierno de Abdalá Bucaram, muchos diputados electos por tiendas políticas diferentes al histriónico ex Presidente, se pasaron a las filas bucaramistas, y montaron un engranaje de corrupción para, con el pretexto de dotar a escuelas y colegios de computadores y material didáctico, crearon partidas presupuestarias gestionadas por diputados que, obviamente, recibían algún “agrado” por esta diligencia; la trama fue conocida como “red Peñaranda” y, luego de la caída de Bucaram, los diputados participantes de los chanchullos fueron destituidos, y algunos de ellos condenados por la justicia.
El Dr. Fabián Alarcón, como Presidente del Congreso Nacional, allá por los años noventa, fue acusado de “piponazgo”, es decir de llenar de asesores al Congreso, con agnados, cognados y compadres de los diputados y afines al régimen, quienes, en su gran mayoría, no realizaban ninguna función, excepto la de cobrar puntual y religiosamente sus emolumentos. Los métodos han cambiado, los protagonistas ya no son los mismos, pero, hoy en día, la finalidad sigue intacta: utilizar recursos públicos para pagar favores políticos o cumplir con compromisos de amistad, llenando a la Asamblea Nacional y a la burocracia de personas que, bajo el nombre de “asesores”, obtienen ingresos sin una contraprestación ética por los mismos, y más aún, pagando un “diezmo” al asambleísta que, generosamente, le hizo el favor de conseguirle el cargo. Así nos va.