Patricio Valdivieso Espinosa
Los cambios que se viene exigiendo en el país, rondan las puertas de la Justicia, pero enseguida salen a la defensa, bajo el argumento de interferencia y violación a la independencia de la Función Judicial, quienes se oponen a una evaluación; siendo oportuno preguntarnos: ¿Tienen rabo de paja, pánico o desconfianza que revisen sus buenas o malas actuaciones? Punto aparte para las buenas excepciones, aquellos que están conscientes de su buen desempeño, saben que no tienen por qué preocuparse, su actuar no sólo los dignifica, los ratifica moralmente en sus cargos. Para muestra basta con ver los últimos acontecimientos en los que se involucra al foro lojano, en acciones constitucionales de protección.
La Corte Constitucional acaba de revisar para su eventual selección y desarrollo de jurisprudencia, 41 fallos vinculados a las decisiones en la UNL de los últimos años, y no son seleccionados porque son lumbreras de estudio, sino por las contradicciones manifiestas encontradas; basadas en interpretaciones abusivas del derecho que en vez de solucionar vía judicial el problema, lo agravaron. Abusos del derecho, que no pasarían si cumpliéramos la ley, sin bajas interpretaciones rebuscadas o a la carta; en estos casos, es lamentable, que existan criterios tan disimiles, algunos tan distantes incluso no sólo de la razón sino de la lógica más elemental.
Lo mismo sucedió en el caso de la Vicealcaldía, no entendieron de que se trataban las acciones afirmativas o tal vez no quisieron aplicarlas, y se escabulleron por la decisión más fácil, sin percatarse que los derechos de género son irrenunciables; aunque también, hay mal pensados que sostienen que hubo injerencia y acomodo político. Asimismo, es lamentable, que existan jueces que, a través de terceros, busquen mediante acciones de protección, que los regresen a sus puestos donde había escasa carga laboral: es comodidad, pereza o no están preparados para ser multicompetentes, y ejercer la noble labor que demanda la justicia.
Estos casos, con ciertas excepciones, demuestran que los jueces ordinarios de instancia que se transforman en jueces constitucionales, sólo evidencian el cambio urgente que requiere el sistema judicial. Estamos claros, nadie quiere ni debe quitarles la independencia, pero hay algunos que no mismo quieren estudiar el derecho, y menos aplicarlo; estos casos deben ser parte de la evaluación, la cantidad de sentencias no sirve, sino se cuida la calidad. (O)