Desde 1830, cuando se reúne en la ciudad de Riobamba la primera Constituyente nos diera la inicial Carta Magna, promulgada en septiembre del mismo año, los ecuatorianos hemos asistido a los edictos nacionales sintiendo, en todos, el inevitable y continuo choque de intereses, con particulares propuestas, unas poco nacionalistas frente a otras más leales a la Patria.
Cada vez asistimos a un nuevo proceso democrático saturado de verborrea y discursos insustanciales frente a pocas convincentes tesis de argumentos concluyentes para refundar, con soberanía y reflexión, una nueva nación.
En esta ocasión, con más leyes compiladas y archivadas, con hartos reglamentos aprobados, con cientos de tratados jurídicos comparados y muchísima experiencia parlamentaria acumulada en 177 años de vida constitucional, la presente convocatoria resultaría la más cara de todos los tiempos, cuyo costo bordea el millón de dólares por cada institucionalizado, y como jamás lo hubo, una avalancha de entusiastas aspirantes se aprestan a participar, sin darnos a conocer sus propuestas reformistas, evitando discutir sustanciales principios por los cuales se harían merecedores de la voluntad electoral.
La poca propaganda desconoce a los inciertos asambleístas; mientras los volantes, desinformados, vamos a las urnas por el inviolable deber de apoyar al soberano en su decisivo anhelo por ser dueño de un nuevo y moderno estatuto que rija los destinos de la Patria.
Los juristas, en continuos debates, han difundido sus argumentos básicos para crear una moderna Constituyente, siendo, como en efecto lo es una convocatoria, la más alta tribuna nacional, asamblea o el supremo congreso, que debe elaborar la Carta Magna o reformar la Constitución del Estado. De esta definición, se da por inferencia que las personas elegidas a miembros constituyentes deban poseer algunos conocimientos sobre legislación, administración, jurisprudencia, economía, política, historia y otras materias afines que le otorguen al parlamentario la posibilidad de triunfo en el debate y/o en la defensa de sus proposiciones transformadoras.
De los 130 por seleccionarse, 10 nacionales recogerán más de 100 mil firmas para la inscripción de su movimiento auspiciante, y hasta hoy en las provincias numerosas, en cada una, sobrepasan los 800 candidatos, lo cual representa una inusitada participación popular, creándose fenomenal problema para los electores por identificar a sus afines en el momento de la secreta y solitaria votación.
Si el Ecuador tuviera recursos económicos limitados para llevar a cabo tan magno acontecimiento, habría pensado en otra opción para modernizar sus instituciones, tomando el camino más corto, el de las reformas parlamentarias, con sólo el costo de pagarles las dietas a “los mismos y desprestigiados congresistas”.