Terremoto: aún queda un 20% por hacer

Conmemoración. El 16 de abril de 2016, un fuerte sismo afectó a la Costa ecuatoriana. (Archivo)
Conmemoración. El 16 de abril de 2016, un fuerte sismo afectó a la Costa ecuatoriana. (Archivo)

Una día como hoy, hace tres años, más de un millón y medio de personas, al menos 10% de la población del país, sufrió algún tipo de pérdida cuando la tierra se sacudió a 7,8 grados en la escala de Richter, muy cerca de Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo.

Las dos primeras provincias fueron las más afectadas. Allí se enfocaron los planes de emergencia y, luego, de reconstrucción. Desde entonces, la meta fue construir y reparar 45.455 casas, de las cuales aún faltan 8.921 de familias que han tenido que alojarse en otros sitios o continúan en albergues.

Los datos los lleva la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que se creó para cumplir con las 811 intervenciones generales que tienen que completarse.

Según la institución, el 80,4% de viviendas ya se ha entregado. De ese porcentaje, la mayor parte fue de reconstrucciones en terreno propio (17.024), seguido de reparaciones de estructuras recuperables (15.428). La deuda más alta, aún pendiente, es la de la construcción de edificaciones en terrenos urbanizados por el Estado: de las 7.472 viviendas que se planificaron, todavía se están construyendo 109 y faltan por contratarse 3.287.

Pendientes
A pesar de que la salud ha sido uno de los ejes con prioridad, en esta área se han realizado 113 intervenciones, aún está pendiente la construcción de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez, así como la rehabilitación del hospital de Manta.

En total, las intervenciones que ya han sido entregadas son 621, en 21 sectores. La prioridad la han tenido también la seguridad (88), el apoyo productivo (81), la educación (66), la atención emergente Social (48) y la vialidad (43). Los menos beneficiados han sido la regeneración urbana (2), la reforestación (1), el deporte (1) y el turismo (1).

Entre los proyectos que destaca la Secretaría, que contaría aún con un presupuesto de 1571’112.850,82 dólares, están: la reconstrucción de la vía Montecristi-Jipijapa-La Cadena, los sistemas de agua potable de Pedernales y Jama, la regeneración urbana del centro de Portoviejo, la entrega de cinco mercados, entre ellos el Mercado Abdón Calderón en Portoviejo, y el mercado de Pedernales, 157 unidades educativas del siglo XXI y 22 proyectos de electrificación.

De acuerdo con el plan que se reajustó en 2017, están en ejecución 97 intervenciones que priorizan los proyectos de electrificación (31), el apoyo a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) (19) y a la producción (10). En este punto, están en construcción o reparación el aeropuerto y el edificio administrativo CNEL de Manta, el hospital Napoleón Dávila Córdova, de Chone, el sistema de agua potable Tarqui los Esteros, siete vías de Manabí, entre otros.

No se han iniciado 93 obras e intervenciones para las cuales se necesitan 611’000.000 dólares, que se conseguirían con financiamiento internacional del BEI, EximBank, Banco Mundial, LAIF, Donación China y AFD. Entre esos proyectos en espera están la terminal de Pesca y Cabotaje del Puerto de Manta, la recuperación y construcción de estaciones bomberiles y la rehabilitación de los sistemas hidrosanitarios de Manta y Chone.

Cuestionamientos
En marzo de este año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio reveló algunos detalles del estado de la reconstrucción que develaron presuntos delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos.

Algunos de los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos a la ejecución de contrataciones millonarias directas. Entre las obras analizadas estuvo el parque Las Vegas, en Portoviejo, que tuvo un costo inicial de 7’100.00 dólares que terminó en 11’500.000 dólares. Su justificación fue que era indispensable para “mejorar los espacios urbanos”. Sin embargo, se detectó que el sitio está en una zona de riesgo de inundaciones.

674
personas fallecieron en el terremoto y las réplicas de 2016.Frente a las irregularidades, el asambleísta manabita de SUMA, Guillermo Celi, responde que es una tarea para la nueva Fiscal General del Estado tomar acciones contra los responsables y recuperar el dinero. Dice que a los secretarios y al Comité les ha quedado grande el puesto, pues aún hay muchas tareas pendientes.

Con respecto a la Ley de Solidaridad y a las reformas que se aprobaron el año pasado para que el remanente de la recaudación se entregue a los comerciantes manabitas, Celi recalca que el Gobierno no ha hecho nada para implementarlas. Además, asegura que ha llamado al ministro de Vivienda para que comparezca ante la Asamblea Nacional por cobros vinculados a la entrega de casas que están entre 1.000 y 400 dólares.

“Nos queda una deuda social, económica y de transparencia, y como siempre, los responsables no aparecerán”, comenta Mae Montaño, asambleísta esmeraldeña de CREO, quien recuerda que el año anterior se presentó ante la Asamblea el exsecretario del Comité de reconstrucción, Carlos Andrés Bernal Alvarado y él negó los cuestionamientos e incluso la atacó por redes sociales. Para ella, la reconstrucción y la reactivación económica ha quedado a medias. (PCV)

Una día como hoy, hace tres años, más de un millón y medio de personas, al menos 10% de la población del país, sufrió algún tipo de pérdida cuando la tierra se sacudió a 7,8 grados en la escala de Richter, muy cerca de Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo.

Las dos primeras provincias fueron las más afectadas. Allí se enfocaron los planes de emergencia y, luego, de reconstrucción. Desde entonces, la meta fue construir y reparar 45.455 casas, de las cuales aún faltan 8.921 de familias que han tenido que alojarse en otros sitios o continúan en albergues.

Los datos los lleva la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, que se creó para cumplir con las 811 intervenciones generales que tienen que completarse.

Según la institución, el 80,4% de viviendas ya se ha entregado. De ese porcentaje, la mayor parte fue de reconstrucciones en terreno propio (17.024), seguido de reparaciones de estructuras recuperables (15.428). La deuda más alta, aún pendiente, es la de la construcción de edificaciones en terrenos urbanizados por el Estado: de las 7.472 viviendas que se planificaron, todavía se están construyendo 109 y faltan por contratarse 3.287.

Pendientes
A pesar de que la salud ha sido uno de los ejes con prioridad, en esta área se han realizado 113 intervenciones, aún está pendiente la construcción de los hospitales de Pedernales y Bahía de Caráquez, así como la rehabilitación del hospital de Manta.

En total, las intervenciones que ya han sido entregadas son 621, en 21 sectores. La prioridad la han tenido también la seguridad (88), el apoyo productivo (81), la educación (66), la atención emergente Social (48) y la vialidad (43). Los menos beneficiados han sido la regeneración urbana (2), la reforestación (1), el deporte (1) y el turismo (1).

Entre los proyectos que destaca la Secretaría, que contaría aún con un presupuesto de 1571’112.850,82 dólares, están: la reconstrucción de la vía Montecristi-Jipijapa-La Cadena, los sistemas de agua potable de Pedernales y Jama, la regeneración urbana del centro de Portoviejo, la entrega de cinco mercados, entre ellos el Mercado Abdón Calderón en Portoviejo, y el mercado de Pedernales, 157 unidades educativas del siglo XXI y 22 proyectos de electrificación.

De acuerdo con el plan que se reajustó en 2017, están en ejecución 97 intervenciones que priorizan los proyectos de electrificación (31), el apoyo a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) (19) y a la producción (10). En este punto, están en construcción o reparación el aeropuerto y el edificio administrativo CNEL de Manta, el hospital Napoleón Dávila Córdova, de Chone, el sistema de agua potable Tarqui los Esteros, siete vías de Manabí, entre otros.

No se han iniciado 93 obras e intervenciones para las cuales se necesitan 611’000.000 dólares, que se conseguirían con financiamiento internacional del BEI, EximBank, Banco Mundial, LAIF, Donación China y AFD. Entre esos proyectos en espera están la terminal de Pesca y Cabotaje del Puerto de Manta, la recuperación y construcción de estaciones bomberiles y la rehabilitación de los sistemas hidrosanitarios de Manta y Chone.

Cuestionamientos
En marzo de este año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio reveló algunos detalles del estado de la reconstrucción que develaron presuntos delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos.

Algunos de los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos a la ejecución de contrataciones millonarias directas. Entre las obras analizadas estuvo el parque Las Vegas, en Portoviejo, que tuvo un costo inicial de 7’100.00 dólares que terminó en 11’500.000 dólares. Su justificación fue que era indispensable para “mejorar los espacios urbanos”. Sin embargo, se detectó que el sitio está en una zona de riesgo de inundaciones.

Frente a las irregularidades, el asambleísta manabita de SUMA, Guillermo Celi, responde que es una tarea para la nueva Fiscal General del Estado tomar acciones contra los responsables y recuperar el dinero. Dice que a los secretarios y al Comité les ha quedado grande el puesto, pues aún hay muchas tareas pendientes.

Con respecto a la Ley de Solidaridad y a las reformas que se aprobaron el año pasado para que el remanente de la recaudación se entregue a los comerciantes manabitas, Celi recalca que el Gobierno no ha hecho nada para implementarlas. Además, asegura que ha llamado al ministro de Vivienda para que comparezca ante la Asamblea Nacional por cobros vinculados a la entrega de casas que están entre 1.000 y 400 dólares.

“Nos queda una deuda social, económica y de transparencia, y como siempre, los responsables no aparecerán”, comenta Mae Montaño, asambleísta esmeraldeña de CREO, quien recuerda que el año anterior se presentó ante la Asamblea el exsecretario del Comité de reconstrucción, Carlos Andrés Bernal Alvarado y él negó los cuestionamientos e incluso la atacó por redes sociales. Para ella, la reconstrucción y la reactivación económica ha quedado a medias. (PCV)