Redacción QUITO
Seis ciudadanos se las ingeniaron y decidieron montar una empresa constructora en la que, a través de redes sociales, hojas volantes y publicidad móvil, ofertaban casas y apartamentos baratos, en los sectores de Quitumbe, Carcelén y Pomasqui.
Para ello, en agosto de 2016 conformaron el consorcio Cevallos-Herrera Innovaconstru S.A., en la que cayeron centenares de personas.
Más de 232 personas, tomaron contacto con directivos de la empresa constructora, quienes inclusive los llevaron a conocer los terrenos donde, supuestamente, se iban a desarrollar los proyectos habitacionales.
El poder de convencimiento de los “enganchadores” hizo que quienes aspiraban tener casa propia, entregaran USD 2.000 cada uno. Con este método se apropiaron de USD 484.500, que es el monto del perjuicio económico. Después de un tiempo, las víctimas acudieron a visitar los proyectos de vivienda y comprobaron que no han sido desarrollados.
Fueron al mencionado consorcio ubicado en la avenida Naciones Unidas de Quito, donde evidenciaron que sus directivos habían cerrado las oficinas y desaparecido.
Con estos antecedentes y en base a las denuncias presentadas por los perjudicados, la Fiscalía de Pichincha inició la respectiva investigación. Posteriormente, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de los ciudadanos involucrados.
Por el delito de estafa, el fiscal Javier Bosquez, de la Unidad de Fe Pública de Pichincha, emitió dictamen acusatorio en contra de seis ciudadanos, por su presunta participación en esta infracción, contemplada en el artículo 186, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal, COIP.
En la audiencia preparatoria de juicio, realizada el 09 de abril de 2019, la jueza de Garantías Penales, Ximena Rodríguez, por pedido de la Fiscalía dictó auto de llamamiento a juicio como coautores del delito a los ciudadanos Javier Alejandro E., Estefanía Fabiola E., David Eduardo T., Óscar Darío H., Jaime Fernando C. y Ana Lucía M. Además, ratificó las medidas cautelares como la obligación de presentarse periódicamente en la Fiscalía y la prohibición de ausentarse del país.
Respecto de las medidas cautelares sobre los bienes, la jueza dispuso la retención de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes de los seis procesados.
El Dato
En el año 2013, los procesados Jaime Fernando C., Estefanía Fabiola E., David Eduardo T., y Ana Lucía M., trabajaban en una empresa de construcción, en la cual captaban y enganchaban clientes. Entre los elementos de convicción que el fiscal Javier Bosquez presentó constan: versiones de los perjudicados, los contratos de intermediación suscritos por los afectados con los directivos de la empresa constructora, los recibos de las transferencias bancarias efectuadas por los perjudicados, el acta de constitución del consorcio, actas de las juntas de accionistas, el informe ocular técnico, una pericia contable que determinó el monto del perjuicio económico que asciende a USD 484.500, así como certificaciones del Municipio de Quito que establecen la inexistencia de proyectos habitacionales aprobados por el Cabildo a nombre del consorcio, el reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros.