Quito
El juez IV de lo Penal de Pichincha, el ecuatoriano Vicente Altamirano, revocó la orden de prisión que pesaba desde el pasado martes contra el representante de la firma brasileña E-vote, el argentino Santiago Murray, informó hoy el abogado de la empresa, Mauricio Aguirre.
«Ha sido revocada la detención de Santiago Murray por el juez IV de lo Penal, en este momento ha sido levantada la vigilancia policial», dijo Aguirre al periódico electrónico Ecuadorinmediato al tiempo de anotar que su cliente espera que le den de alta del hospital en el que se encuentra ingresado desde el martes por una taquicardia.
Murray fue detenido porque presuntamente no habían registros policiales de entrada en Ecuador del representante legal de E-vote, Paulo Serggy Nacaya, quien supuestamente firmó en Quito el contrato para el recuento rápido de votos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Xavier Cazar.
En la providencia de Altamirano se anota que se levantó la orden de prisión preventiva una vez que se presentó el pasaporte de Nacaya donde constan las fechas de ingreso y salida de Ecuador.
El recuento rápido fracasó pues no se entregaron los resultados oficiosos en el tiempo convenido después del cierre de los comicios el pasado 15 de octubre, y desde entonces comenzaron una serie de acciones legales contra la empresa brasileña.
«Queda abierta la etapa de la instrucción fiscal que es noventa días dentro de los cuales nosotros seguiremos aportando con pruebas para desvirtuar la supuesta falsificación que le ha sido imputada a mi cliente», explicó Aguirre.
Por otro lado afirmó que la Corte de Brasil ordenó al banco que autorizaba las garantías bancarias, que mientras no se resuelva este proceso no se pague el aval de las garantías, a petición de la empresa E-Vote.
Pocas horas después de la confirmación del fracaso del recuento rápido de votos, Cazar rescindió unilateralmente el contrato con E-Vote y anunció que cobraría las garantías por 2,9 millones de dólares.
El TSE y E-vote firmaron un contrato por 5,2 millones de dólares para el recuento rápido de votos, del que el organismo electoral desembolsó la mitad a cambio de unas garantías en un banco brasileño, que pretendía cobrar tras el fracaso de la operación y la rescisión del acuerdo.
Tras comprobarse el fracaso de E-vote en el recuento rápido de votos, Murray apareció como cabeza visible de la compañía en Ecuador aunque, cuando se inició la actuación judicial, afirmó que era sólo el portavoz de la firma brasileña.
Dirigentes de grupos políticos y sociales de Ecuador acusaron a Murray de tener vínculos con el jefe de la misión de observadores electorales en Ecuador de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex canciller argentino Rafael Bielsa, quien fue citado a declarar la semana pasada aunque no acudió.
Murray también faltó a la cita que tenía para declarar.
Según los denunciantes, el supuesto vínculo entre Bielsa y Murray podría haber sido causa de algunas «irregularidades» en el proceso electoral del pasado 15 de octubre.
Los grupos sociales y el movimiento Alianza País, que apoya al izquierdista Rafael Correa como candidato presidencial, acusaron a Bielsa de parcialidad y pidieron su retirada antes de que se celebre la segunda vuelta electoral el 26 de noviembre.
Correa y el millonario Alvaro Noboa, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), se disputarán el sillón presidencial que Alfredo Palacio dejará el 15 de enero de 2007.
EFE