Durante el gobierno del expresidentes Rafael Correa se emitieron resoluciones judiciales que sancionaron con cárcel a personas que utilizaron la protesta social para expresarse, quienes siempre se calificaron como perseguidos políticos y denunciaron que la Justicia estaba manipulada por Correa. Ahora con la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio esta tesis se fortalece y esperan las reparaciones del caso ya que algunos fueron encarcelados.
Paúl Panchi, director provincial de Unidad Popular, informó ayer que la decisión tomada por el Cpccs les permite avanzar en el reclamo que realizan al Estado por la vulneración de derechos humanos que existió para algunos dirigentes sociales quienes fueron sancionados con cárcel por jueces que recibían órdenes del expresidente de la República.
Añadió que una vez terminado el plazo para que el Consejo de la Judicatura impugne la resolución, llevarán la resolución a la Fiscalía para que sea considera dentro de los casos en contra de Rafael Correa, Alexis Mera y Gustavo Jalkh por tráfico de influencias, ya que es notoria la influencia que ejercía Correa en el sistema judicial.
“Esta resolución es un instrumento esencial para que sean sancionados quienes criminalizaron la protesta social”, dijo.
Demanda en análisis
En el caso de los ‘tres de Cotopaxi’ (Xavier Cajilema, Paúl Jácome y Edwin Lasluisa) que fueron sentenciados a un año de prisión por intento de sabotaje, Panchi informó que la demanda internacional que fue interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue admitida.
Para Paúl Jácome, esta resolución no hace más que ratificar lo que denunciaron antes, que la justicia ecuatoriana estaba a órdenes de Rafael Correa, “el jefe de la banda”.
Añadió que la semana anterior recibieron la notificación oficial de la CIDH donde se les informa que su caso superó la etapa de estudio y que está en la fase de admisibilidad.
Con esto, dijo, es el primer caso de violación de derechos humanos en todo el país, durante el gobierno de Rafael Correa, que va a ser analizado, se admitieron 97 casos de entre los 7 mil que existen.
Explicó que la CIDH le dio al estado ecuatoriano un plazo de tres meses para que se pronuncie al respecto y que existe la posibilidad de una solución amistosa, frente a lo que consideran sería viable siempre y cuando el estado ecuatoriano asuma que existió una criminalización de la protesta social con más de 700 perseguidos políticos, que se restablezca la honra de los perseguidos, y que haya la reparación integral a todos. Además de que haya un compromiso entre la CIDH y el estado ecuatoriano para reformar el Código Integral Penal y que jamás se vuelva a castigar la protesta social. (VHG)
TOME NOTA
Este lunes, a las 10:00, Unidad Popular se movilizará hasta el Consejo de la Judicatura en Cotopaxi para realizar un plantón y exigir la salida de los funcionarios cesados.