El recorte a la educación primaria y secundaria duplica al de las universidades; son $300 millones menos.
La leve y casi invisible reacción desde la sociedad civil y representantes políticos, ante la reducción de 300 millones de dólares a las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Educación, es “un ejemplo vivo de la importancia en general que se da a los niños, niñas y adolescentes en este país”, dice Sybel Martínez, directora del Grupo Rescate Escolar y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.
El recorte para la educación básica duplica al que se planteaba para las universidades. La Corte Constitucional (CC) ordenó al Ministerio de Finanzas abstenerse de recortar el presupuesto de las instituciones de tercer nivel. Esto, tras una serie de protestas y amenazas de cierre por parte de algunos rectores.
Inclusive, en redes sociales, el impacto de la noticia del recorte de 98 millones de dólares destinados a pagos de sueldos en las universidades fue mucho mayor.
Agustín Albán, titular de la Secretaría de Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), considera que esto se debe a que las universidades continúan politizadas. La capacidad de protesta y movilización de los estudiantes de las universidades públicas se pone a las órdenes de quienes manejan las instituciones.
Amplificar sus voces
Hay algunas razones por las que la reducción de rubros destinados a escuelas y colegios se ha visto ‘opacada’ por las universidades. Martínez explica que los niños dependen de terceros para garantizar sus derechos, mientras que para los universitarios es más fácil organizarse y tomar medidas para ser escuchados.
Daniel Ramírez, expresidente del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa ‘San Francisco de Asís’, en Quito, comenta que hace falta ampliar las voces de los representantes de la educación básica. “Cuando presentas una propuesta no te hacen caso porque piensan que como eres de colegio no tienes el criterio formado; lamentablemente el Consejo Estudiantil se ha limitado a ser intermediario entre autoridades y alumnos”, reconoce Ramírez.
“Seguimos viendo a los niños, niñas y adolescentes como objetos de tutela y no como sujetos de derechos”, Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.
Impacto en la calidad
Martínez dice que es importante presionar a la Corte Constitucional para que su mirada sea más amplia e integral e incluya a la educación básica.
De otra manera, la calidad de la educación se vería comprometida. Como parte de los ajustes presupuestarios, el Ministerio de Educación suspendió el programa de Bachillerato Internacional (BI) que se impartía en 97 unidades educativas a nivel nacional.
De igual forma, se suspendió el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi), programa que formaba a más de 19.000 niños de entre 3 y 5 años, en el país.
Safpi contaba con 732 docentes, de los cuales, 623 fueron desvinculados.
El presidente de la comisión de Educación de la Asamblea, Jimmy Candell, comentó que las consecuencias de esta reducción generan un proceso indiscriminado de desvinculaciones masivas de docentes y personal administrativo de escuelas y colegios públicos, además provocaría la suspensión del financiamiento de los proyectos de alfabetización que llega a más de 19.344 beneficiarios. (AVV)