El oficialismo asegura que evitará la especulación de la tierra. El debate comienza con fuerza en la Asamblea.
El proyecto de Ley de Plusvalía remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional plantea gravar con una tarifa del 75% la ganancia extraordinaria en la venta de bienes inmuebles, ya sean rurales o urbanos. Si un ciudadano adquiere un terreno en 100.000 dólares y después de 5 años lo vende a 150.000, la ganancia es 50.000 y se considera ordinaria, tomando en cuenta el factor de tiempo, por lo que no pagará impuesto. Pero, si el mismo terreno lo vende en los mismos cinco años pero al doble del precio, es decir 200.000 dólares, se le aplicaría el impuesto a los 50.000 dólares excedentes, considerados como ganancia extraordinaria.
Para liquidar la ganancia extraordinaria se pagará tarifa 0% hasta los 24 salarios básicos, es decir 8.748 dólares exentos. Pasada esa cantidad, la tarifa del impuesto será del 75%. Según la normativa, lo recaudado se destinará a los municipios.
Para los asambleístas oficialistas Mauro Andino y Alexandra Ocles el objetivo del proyecto es evitar la especulación del suelo y destacan que los beneficiados serán los gobiernos seccionales. “Evitar que ciertos comerciantes del suelo compren extensiones de superficie de terreno, en el sector rural, por ejemplo, y luego lo conviertan en urbano, lo cual, evidentemente, crece el valor cuatro o seis veces de lo que ellos adquirieron”, dijo Andino. Agregó que con la actualización de los catastros, establecida en el proyecto, los Municipios podrán tener mayores ingresos económicos y que no perjudicará a propietarios de clase media.
Mientras que Ocles dijo que la especulación inmobiliaria es vista como una forma de hacer ciudad y que representa determinados intereses particulares, por lo que es necesaria la aprobación del proyecto para combatir esa situación.
Voces en contra
El vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo (CREO), criticó el proyecto ya que, a pesar de que los recursos irán a los Municipios, dijo que no importa quién es el beneficiado del tributo, sino el concepto por el cual se está generando esta nueva contribución.
Asegura que es la creación de un nuevo impuesto que afectará al ciudadano común y corriente. “Inclusive, se constituirá en una duplicidad de impuestos a los que ya existen en la actualidad”, aseguró.
Recordó que cuando se hace una transferencia de dominio ya se cobra un impuesto a la plusvalía, aparte de que hay impuestos como el predial, o la contribución especial a mejoras que se aplica cuando hay obras específicas en determinada zona. “Desde la perspectiva tributaria actual, el ciudadano ya hace esas aportaciones particulares para que la ciudad siga ese crecimiento con lo que contribuye al desarrollo de la urbe. Ahora, más allá de quién sea el beneficiario de los tributos, en época de crisis es improcedente generar una contribución adicional al ciudadano”, dijo el Vicealcalde.
Mientras, para el asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Cambio), el proyecto “premia” a aquellos que han comprado bienes inmuebles fuera del país y castiga a quienes creen en el Ecuador y han comprado bienes inmuebles ya que tendrán que pagar un impuesto al que califica de “confiscatorio”. “Solamente favorece de alguna manera a las grandes constructoras e inmobiliarias y condena a los demás ecuatorianos que quieran invertir en el sector inmobiliario a pagar este impuesto confiscatorio”, dijo Torres.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto reunirse el próximo miércoles para calificar el proyecto que llegó con el carácter de urgente en materia económica, por lo que corren los 30 días para aprobarlo. (HCR)
Cifras
2
días han pasado desde que el proyecto llegó a la Asamblea.
30
días tiene la Asamblea, en total, para aprobar esta Ley.
5
artículos contiene la normativa.