Organizaciones de Derechos Humanos denuncian supuestas violaciones en materia de derechos humanos ocurridas durante las protestas por el Paro Nacional en Quito, especialmente después del decreto de Estado de Excepción (No. 884) y del toque de queda (No. 888).
En un comunicado emitido por Surkuna, CEDHU; Inredh, Amazon Frontlines, el Observatorio de Derechos y Justicia, y el CDH, se indicó que se registra un total de 72 personas detenidas de manera “ilegal, ilegítima y arbitraria”, quienes fueron liberadas sin cargos tras una audiencia de calificación en la Unidad Judicial de Carcelén. Otras 60 personas se encontraría aún detenidas en la Unidad de Flagrancia, y existen reportes de posibles detenidos que no han sido trasladados a esa Unidad. En la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, 22 personas también fueron detenidas, entre las cuales se presenció un uso desproporcional de la fuerza, aprehensiones a menores de edad, traslados a cuarteles policiales, pruebas forjadas en su contra y chantajes económicos a cambio de su libertad.
Por otro lado, denuncian la agresión en contra de un reportero audiovisual, que fue impactado con una bomba lacrimógena mientras cubría las protestas. Además, según Fundamedios, un total de 74 periodistas fueron víctimas de agresión durante las coberturas.
Finalmente, los organismos recriminan la violencia en los operativos de la fuerza pública, sobre todo frente a manifestantes de la población indígena en el sector del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, y frente a quienes colaboraban en la “Zona Humanitaria de Paz” con puestos y brigadas médicas, cocinas y comedores comunitarios, espacios de cuidado de niños y niñas, centros de acopio, sitios de descanso y albergue nocturno.
Frente a estos actos, los organismos exigen:
– Que se garantice un estricto cumplimiento del proceso para privaciones de libertad, así como la integridad física y psicológica de la persona y su derecho a la defensa.
– Que cesen los operativos desmedidos y el abuso de la fuerza pública, y se presenten cifras oficiales de personas heridas, fallecidas y privadas de libertad a nivel nacional y por provincias.
– Que se abstengan de atentar contra las “Zonas Humanitarias de Paz” y de ingresar a recintos de educación superior.
– Que se respete el conjunto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución para que exista un diálogo.
La CONAIE se declara de Luto
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció que durante las protestas de ayer, 09 de octubre, se registran fallecidos pertenecientes al Movimiento Indígena.
La Institución recriminó las políticas del Gobierno de Lenín Moreno, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y denunció el ocultamiento de información por parte de autoridades y ciertos miembros de comunicación.
En cuanto a los balances de detenidos y fallecidos, Romo negó ayer que haya muertos como consecuencia de la acción uniformada.
Sin embargo, en el documento la CONAIE indica que en los próximos días se emitirá un informe completo de las víctimas mortales, heridos y desaparecidos.
Defensoría del Pueblo exige detener la violencia
Durante los 7 días de Paro Nacional, la Defensoría del Pueblo registró 864 personas detenidas a nivel nacional, de las cuales el 90% ha salido en libertad sin delito alguno. Además, existen 266 heridos e incluso fallecidos, de los cuales no existe una cifra oficial.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, indicó el envío de un informe preliminar para que los jueces valoren el incumplimiento dentro del Estado de Excepción y establezcan las sanciones respectivas.
Carrión denuncia igualmente el impedimento de abrir un corredor humanitario para el traslado de heridos, y el hecho de que la Cruz Roja haya tenido que dejar de operar por falta de garantías de seguridad.
Violencia y desmanes contra industrias y bienes patrimoniales
Tras la jornada de protestas en Quito, la reparación de los daños asciende a un estimado de 500 mil dólares por actos vandálicos. Entre las afectaciones se registra la quema de contenedores de basura, saqueos en Unidades de Vigilancia, destrozos en sistemas de semaforización, sustracción de sumideros y rejillas de alcantarillado, quema de neumáticos sobre adoquines, grafitis y cristales rotos en edificios patrimoniales y paradas de Trolebús y Ecovía, entre otros.
Por otra parte, en Cotopaxi, florícolas, industrias lácteas y fábricas han sido atacadas y saqueadas por manifestantes. Esto ha conllevado a la paralización de la producción, generando pérdidas millonarias para los productores.
Organizaciones de Derechos Humanos denuncian supuestas violaciones en materia de derechos humanos ocurridas durante las protestas por el Paro Nacional en Quito, especialmente después del decreto de Estado de Excepción (No. 884) y del toque de queda (No. 888).
En un comunicado emitido por Surkuna, CEDHU; Inredh, Amazon Frontlines, el Observatorio de Derechos y Justicia, y el CDH, se indicó que se registra un total de 72 personas detenidas de manera “ilegal, ilegítima y arbitraria”, quienes fueron liberadas sin cargos tras una audiencia de calificación en la Unidad Judicial de Carcelén. Otras 60 personas se encontraría aún detenidas en la Unidad de Flagrancia, y existen reportes de posibles detenidos que no han sido trasladados a esa Unidad. En la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, 22 personas también fueron detenidas, entre las cuales se presenció un uso desproporcional de la fuerza, aprehensiones a menores de edad, traslados a cuarteles policiales, pruebas forjadas en su contra y chantajes económicos a cambio de su libertad.
Por otro lado, denuncian la agresión en contra de un reportero audiovisual, que fue impactado con una bomba lacrimógena mientras cubría las protestas. Además, según Fundamedios, un total de 74 periodistas fueron víctimas de agresión durante las coberturas.
Finalmente, los organismos recriminan la violencia en los operativos de la fuerza pública, sobre todo frente a manifestantes de la población indígena en el sector del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, y frente a quienes colaboraban en la “Zona Humanitaria de Paz” con puestos y brigadas médicas, cocinas y comedores comunitarios, espacios de cuidado de niños y niñas, centros de acopio, sitios de descanso y albergue nocturno.
Frente a estos actos, los organismos exigen:
– Que se garantice un estricto cumplimiento del proceso para privaciones de libertad, así como la integridad física y psicológica de la persona y su derecho a la defensa.
– Que cesen los operativos desmedidos y el abuso de la fuerza pública, y se presenten cifras oficiales de personas heridas, fallecidas y privadas de libertad a nivel nacional y por provincias.
– Que se abstengan de atentar contra las “Zonas Humanitarias de Paz” y de ingresar a recintos de educación superior.
– Que se respete el conjunto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución para que exista un diálogo.
La CONAIE se declara de Luto
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció que durante las protestas de ayer, 09 de octubre, se registran fallecidos pertenecientes al Movimiento Indígena.
La Institución recriminó las políticas del Gobierno de Lenín Moreno, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y denunció el ocultamiento de información por parte de autoridades y ciertos miembros de comunicación.
En cuanto a los balances de detenidos y fallecidos, Romo negó ayer que haya muertos como consecuencia de la acción uniformada.
Sin embargo, en el documento la CONAIE indica que en los próximos días se emitirá un informe completo de las víctimas mortales, heridos y desaparecidos.
Defensoría del Pueblo exige detener la violencia
Durante los 7 días de Paro Nacional, la Defensoría del Pueblo registró 864 personas detenidas a nivel nacional, de las cuales el 90% ha salido en libertad sin delito alguno. Además, existen 266 heridos e incluso fallecidos, de los cuales no existe una cifra oficial.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, indicó el envío de un informe preliminar para que los jueces valoren el incumplimiento dentro del Estado de Excepción y establezcan las sanciones respectivas.
Carrión denuncia igualmente el impedimento de abrir un corredor humanitario para el traslado de heridos, y el hecho de que la Cruz Roja haya tenido que dejar de operar por falta de garantías de seguridad.
Violencia y desmanes contra industrias y bienes patrimoniales
Tras la jornada de protestas en Quito, la reparación de los daños asciende a un estimado de 500 mil dólares por actos vandálicos. Entre las afectaciones se registra la quema de contenedores de basura, saqueos en Unidades de Vigilancia, destrozos en sistemas de semaforización, sustracción de sumideros y rejillas de alcantarillado, quema de neumáticos sobre adoquines, grafitis y cristales rotos en edificios patrimoniales y paradas de Trolebús y Ecovía, entre otros.
Por otra parte, en Cotopaxi, florícolas, industrias lácteas y fábricas han sido atacadas y saqueadas por manifestantes. Esto ha conllevado a la paralización de la producción, generando pérdidas millonarias para los productores.
Organizaciones de Derechos Humanos denuncian supuestas violaciones en materia de derechos humanos ocurridas durante las protestas por el Paro Nacional en Quito, especialmente después del decreto de Estado de Excepción (No. 884) y del toque de queda (No. 888).
En un comunicado emitido por Surkuna, CEDHU; Inredh, Amazon Frontlines, el Observatorio de Derechos y Justicia, y el CDH, se indicó que se registra un total de 72 personas detenidas de manera “ilegal, ilegítima y arbitraria”, quienes fueron liberadas sin cargos tras una audiencia de calificación en la Unidad Judicial de Carcelén. Otras 60 personas se encontraría aún detenidas en la Unidad de Flagrancia, y existen reportes de posibles detenidos que no han sido trasladados a esa Unidad. En la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, 22 personas también fueron detenidas, entre las cuales se presenció un uso desproporcional de la fuerza, aprehensiones a menores de edad, traslados a cuarteles policiales, pruebas forjadas en su contra y chantajes económicos a cambio de su libertad.
Por otro lado, denuncian la agresión en contra de un reportero audiovisual, que fue impactado con una bomba lacrimógena mientras cubría las protestas. Además, según Fundamedios, un total de 74 periodistas fueron víctimas de agresión durante las coberturas.
Finalmente, los organismos recriminan la violencia en los operativos de la fuerza pública, sobre todo frente a manifestantes de la población indígena en el sector del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, y frente a quienes colaboraban en la “Zona Humanitaria de Paz” con puestos y brigadas médicas, cocinas y comedores comunitarios, espacios de cuidado de niños y niñas, centros de acopio, sitios de descanso y albergue nocturno.
Frente a estos actos, los organismos exigen:
– Que se garantice un estricto cumplimiento del proceso para privaciones de libertad, así como la integridad física y psicológica de la persona y su derecho a la defensa.
– Que cesen los operativos desmedidos y el abuso de la fuerza pública, y se presenten cifras oficiales de personas heridas, fallecidas y privadas de libertad a nivel nacional y por provincias.
– Que se abstengan de atentar contra las “Zonas Humanitarias de Paz” y de ingresar a recintos de educación superior.
– Que se respete el conjunto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución para que exista un diálogo.
La CONAIE se declara de Luto
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció que durante las protestas de ayer, 09 de octubre, se registran fallecidos pertenecientes al Movimiento Indígena.
La Institución recriminó las políticas del Gobierno de Lenín Moreno, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y denunció el ocultamiento de información por parte de autoridades y ciertos miembros de comunicación.
En cuanto a los balances de detenidos y fallecidos, Romo negó ayer que haya muertos como consecuencia de la acción uniformada.
Sin embargo, en el documento la CONAIE indica que en los próximos días se emitirá un informe completo de las víctimas mortales, heridos y desaparecidos.
Defensoría del Pueblo exige detener la violencia
Durante los 7 días de Paro Nacional, la Defensoría del Pueblo registró 864 personas detenidas a nivel nacional, de las cuales el 90% ha salido en libertad sin delito alguno. Además, existen 266 heridos e incluso fallecidos, de los cuales no existe una cifra oficial.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, indicó el envío de un informe preliminar para que los jueces valoren el incumplimiento dentro del Estado de Excepción y establezcan las sanciones respectivas.
Carrión denuncia igualmente el impedimento de abrir un corredor humanitario para el traslado de heridos, y el hecho de que la Cruz Roja haya tenido que dejar de operar por falta de garantías de seguridad.
Violencia y desmanes contra industrias y bienes patrimoniales
Tras la jornada de protestas en Quito, la reparación de los daños asciende a un estimado de 500 mil dólares por actos vandálicos. Entre las afectaciones se registra la quema de contenedores de basura, saqueos en Unidades de Vigilancia, destrozos en sistemas de semaforización, sustracción de sumideros y rejillas de alcantarillado, quema de neumáticos sobre adoquines, grafitis y cristales rotos en edificios patrimoniales y paradas de Trolebús y Ecovía, entre otros.
Por otra parte, en Cotopaxi, florícolas, industrias lácteas y fábricas han sido atacadas y saqueadas por manifestantes. Esto ha conllevado a la paralización de la producción, generando pérdidas millonarias para los productores.
Organizaciones de Derechos Humanos denuncian supuestas violaciones en materia de derechos humanos ocurridas durante las protestas por el Paro Nacional en Quito, especialmente después del decreto de Estado de Excepción (No. 884) y del toque de queda (No. 888).
En un comunicado emitido por Surkuna, CEDHU; Inredh, Amazon Frontlines, el Observatorio de Derechos y Justicia, y el CDH, se indicó que se registra un total de 72 personas detenidas de manera “ilegal, ilegítima y arbitraria”, quienes fueron liberadas sin cargos tras una audiencia de calificación en la Unidad Judicial de Carcelén. Otras 60 personas se encontraría aún detenidas en la Unidad de Flagrancia, y existen reportes de posibles detenidos que no han sido trasladados a esa Unidad. En la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, 22 personas también fueron detenidas, entre las cuales se presenció un uso desproporcional de la fuerza, aprehensiones a menores de edad, traslados a cuarteles policiales, pruebas forjadas en su contra y chantajes económicos a cambio de su libertad.
Por otro lado, denuncian la agresión en contra de un reportero audiovisual, que fue impactado con una bomba lacrimógena mientras cubría las protestas. Además, según Fundamedios, un total de 74 periodistas fueron víctimas de agresión durante las coberturas.
Finalmente, los organismos recriminan la violencia en los operativos de la fuerza pública, sobre todo frente a manifestantes de la población indígena en el sector del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, y frente a quienes colaboraban en la “Zona Humanitaria de Paz” con puestos y brigadas médicas, cocinas y comedores comunitarios, espacios de cuidado de niños y niñas, centros de acopio, sitios de descanso y albergue nocturno.
Frente a estos actos, los organismos exigen:
– Que se garantice un estricto cumplimiento del proceso para privaciones de libertad, así como la integridad física y psicológica de la persona y su derecho a la defensa.
– Que cesen los operativos desmedidos y el abuso de la fuerza pública, y se presenten cifras oficiales de personas heridas, fallecidas y privadas de libertad a nivel nacional y por provincias.
– Que se abstengan de atentar contra las “Zonas Humanitarias de Paz” y de ingresar a recintos de educación superior.
– Que se respete el conjunto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución para que exista un diálogo.
La CONAIE se declara de Luto
En un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador anunció que durante las protestas de ayer, 09 de octubre, se registran fallecidos pertenecientes al Movimiento Indígena.
La Institución recriminó las políticas del Gobierno de Lenín Moreno, la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y denunció el ocultamiento de información por parte de autoridades y ciertos miembros de comunicación.
En cuanto a los balances de detenidos y fallecidos, Romo negó ayer que haya muertos como consecuencia de la acción uniformada.
Sin embargo, en el documento la CONAIE indica que en los próximos días se emitirá un informe completo de las víctimas mortales, heridos y desaparecidos.
Defensoría del Pueblo exige detener la violencia
Durante los 7 días de Paro Nacional, la Defensoría del Pueblo registró 864 personas detenidas a nivel nacional, de las cuales el 90% ha salido en libertad sin delito alguno. Además, existen 266 heridos e incluso fallecidos, de los cuales no existe una cifra oficial.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, indicó el envío de un informe preliminar para que los jueces valoren el incumplimiento dentro del Estado de Excepción y establezcan las sanciones respectivas.
Carrión denuncia igualmente el impedimento de abrir un corredor humanitario para el traslado de heridos, y el hecho de que la Cruz Roja haya tenido que dejar de operar por falta de garantías de seguridad.
Violencia y desmanes contra industrias y bienes patrimoniales
Tras la jornada de protestas en Quito, la reparación de los daños asciende a un estimado de 500 mil dólares por actos vandálicos. Entre las afectaciones se registra la quema de contenedores de basura, saqueos en Unidades de Vigilancia, destrozos en sistemas de semaforización, sustracción de sumideros y rejillas de alcantarillado, quema de neumáticos sobre adoquines, grafitis y cristales rotos en edificios patrimoniales y paradas de Trolebús y Ecovía, entre otros.
Por otra parte, en Cotopaxi, florícolas, industrias lácteas y fábricas han sido atacadas y saqueadas por manifestantes. Esto ha conllevado a la paralización de la producción, generando pérdidas millonarias para los productores.