Redacción QUITO
Hoy inició la instrucción fiscal de 90 días para que la Fiscalía continúe con la investigación de un presunto tráfico de influencias registrado en la refinería de Esmeraldas.
La jueza Ana Lucía Cevallos aceptó el pedido de formulación de cargos que presentó el fiscal Juan Carlos Zúñiga en contra de Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador y de los funcionarios públicos Diego Robere, Samuel Vernaza, Carlos Quinde, Marcelo Castro y Franklin Sierra. Inicialmente, el fiscal dijo que también formularía cargos en contra de Diego Tapia, pero lo descartó por estar pendientes unas diligencias.
Mientras dura la instrucción fiscal, cinco procesados deberán presentarse cada lunes ante la Fiscalía (cuatro en Esmeraldas y uno en Guayas) y tienen prohibición de enajenar bienes. Sobre Pareja Yannuzzelli pesa una prisión preventiva por estar detenido en la cárcel de Latacunga. Además, la jueza estableció sobre todos la prohibición de enajenar bienes por un monto máximo de 12 salarios básicos (4.728 dólares).
Los hechos
La investigación inició con un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) de Contraloría. El organismo de control efectuó un examen a cinco contratos, de ellos dos complementarios, para la provisión de servicios, materiales y suministros entre Petroecuador y la empresa Legadoil, por un monto superior a 18 millones de dólares.
Sin embargo, determinó varias irregularidades en los procesos precontractuales: se realizó con una carta de intención que no estaba prevista en la ley, se dieron contratos directos por giro de negocio sin justificar la experiencia de la capacidad y experiencia de la empresa, y los contratos complementarios no fueron por causas imprevistas o técnicas y no fueron relacionados con el objeto de los contratos principales.
La Fiscalía presentó 24 elementos de convicción, entre ellos, varias versiones y peritajes de contratación pública. Además especificó que no hubo un prejuicio económico al Estado porque las obras sí se ejecutaron, cómo se evidenció en una inspección en el lugar. Esto lo dijo después de que Procuraduría sostuviera que hubo un prejuicio por cinco millones de dólares. (AGO)