Una notificación de inicio de procesos administrativos de sanción en contra de “todas las operadoras privadas de transporte” empezó ayer la administración municipal.
Las primeras notificaciones a 12 de más de 210 operadores se entregaron por la mañana en las estaciones de los corredores municipales de transporte de La Ofelia y Sur Occidental.
Al entregar los documentos a Ney Jiménez, representante del Consorcio Conetra, que agrupa a cinco empresas privadas del Corredor Central Norte, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, anticipó que se trata de una especie de juicio administrativo con derecho a la defensa y presentación de pruebas de descargo por dos causales establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La primera es la paralización del servicio durante los días 3 y 4 de octubre y la segunda por cobros no autorizados.
El Dato
294 buses del Corredor Sur Occidental y 161 del Corredor Central Norte dejaron de operar los días 3 y 4 de octubre.
El proceso puede durar unos 60 días y derivar en la imposición de sanciones que van desde multas económicas hasta la revocatoria de los contratos de operación. Abad dijo que si se da el último caso, se convocará a concursos públicos para que nuevas compañías brinden el servicio en los corredores municipales con buses eléctricos y cumpliendo estrictos parámetros de seguridad y calidad.
Jiménez argumentó que no se trató de una paralización sino de una imposibilidad de prestar el servicio dadas las condiciones de inseguridad. Agregó que hubo una confusión y un mal entendido que se corrigió el mismo día siguiente a la derogatoria del alza de los combustibles por el que los transportistas empezaron a cobrar 35 centavos sin que previamente se notificara la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito.
A criterio del coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal Buendía, el proceso “es un tanto tardío, pero importante para sentar un precedente sobre la aplicación de la Ley para todos y no solo para los mal parqueados. Están completamente configuradas las causales de revocatoria de contratos de operación y para deshacerse, de ser el caso, de malos elementos que afectan a la calidad del servicio”.
Una notificación de inicio de procesos administrativos de sanción en contra de “todas las operadoras privadas de transporte” empezó ayer la administración municipal.
Las primeras notificaciones a 12 de más de 210 operadores se entregaron por la mañana en las estaciones de los corredores municipales de transporte de La Ofelia y Sur Occidental.
Al entregar los documentos a Ney Jiménez, representante del Consorcio Conetra, que agrupa a cinco empresas privadas del Corredor Central Norte, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, anticipó que se trata de una especie de juicio administrativo con derecho a la defensa y presentación de pruebas de descargo por dos causales establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La primera es la paralización del servicio durante los días 3 y 4 de octubre y la segunda por cobros no autorizados.
El Dato
294 buses del Corredor Sur Occidental y 161 del Corredor Central Norte dejaron de operar los días 3 y 4 de octubre.
El proceso puede durar unos 60 días y derivar en la imposición de sanciones que van desde multas económicas hasta la revocatoria de los contratos de operación. Abad dijo que si se da el último caso, se convocará a concursos públicos para que nuevas compañías brinden el servicio en los corredores municipales con buses eléctricos y cumpliendo estrictos parámetros de seguridad y calidad.
Jiménez argumentó que no se trató de una paralización sino de una imposibilidad de prestar el servicio dadas las condiciones de inseguridad. Agregó que hubo una confusión y un mal entendido que se corrigió el mismo día siguiente a la derogatoria del alza de los combustibles por el que los transportistas empezaron a cobrar 35 centavos sin que previamente se notificara la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito.
A criterio del coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal Buendía, el proceso “es un tanto tardío, pero importante para sentar un precedente sobre la aplicación de la Ley para todos y no solo para los mal parqueados. Están completamente configuradas las causales de revocatoria de contratos de operación y para deshacerse, de ser el caso, de malos elementos que afectan a la calidad del servicio”.
Una notificación de inicio de procesos administrativos de sanción en contra de “todas las operadoras privadas de transporte” empezó ayer la administración municipal.
Las primeras notificaciones a 12 de más de 210 operadores se entregaron por la mañana en las estaciones de los corredores municipales de transporte de La Ofelia y Sur Occidental.
Al entregar los documentos a Ney Jiménez, representante del Consorcio Conetra, que agrupa a cinco empresas privadas del Corredor Central Norte, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, anticipó que se trata de una especie de juicio administrativo con derecho a la defensa y presentación de pruebas de descargo por dos causales establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La primera es la paralización del servicio durante los días 3 y 4 de octubre y la segunda por cobros no autorizados.
El Dato
294 buses del Corredor Sur Occidental y 161 del Corredor Central Norte dejaron de operar los días 3 y 4 de octubre.
El proceso puede durar unos 60 días y derivar en la imposición de sanciones que van desde multas económicas hasta la revocatoria de los contratos de operación. Abad dijo que si se da el último caso, se convocará a concursos públicos para que nuevas compañías brinden el servicio en los corredores municipales con buses eléctricos y cumpliendo estrictos parámetros de seguridad y calidad.
Jiménez argumentó que no se trató de una paralización sino de una imposibilidad de prestar el servicio dadas las condiciones de inseguridad. Agregó que hubo una confusión y un mal entendido que se corrigió el mismo día siguiente a la derogatoria del alza de los combustibles por el que los transportistas empezaron a cobrar 35 centavos sin que previamente se notificara la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito.
A criterio del coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal Buendía, el proceso “es un tanto tardío, pero importante para sentar un precedente sobre la aplicación de la Ley para todos y no solo para los mal parqueados. Están completamente configuradas las causales de revocatoria de contratos de operación y para deshacerse, de ser el caso, de malos elementos que afectan a la calidad del servicio”.
Una notificación de inicio de procesos administrativos de sanción en contra de “todas las operadoras privadas de transporte” empezó ayer la administración municipal.
Las primeras notificaciones a 12 de más de 210 operadores se entregaron por la mañana en las estaciones de los corredores municipales de transporte de La Ofelia y Sur Occidental.
Al entregar los documentos a Ney Jiménez, representante del Consorcio Conetra, que agrupa a cinco empresas privadas del Corredor Central Norte, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, anticipó que se trata de una especie de juicio administrativo con derecho a la defensa y presentación de pruebas de descargo por dos causales establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La primera es la paralización del servicio durante los días 3 y 4 de octubre y la segunda por cobros no autorizados.
El Dato
294 buses del Corredor Sur Occidental y 161 del Corredor Central Norte dejaron de operar los días 3 y 4 de octubre.
El proceso puede durar unos 60 días y derivar en la imposición de sanciones que van desde multas económicas hasta la revocatoria de los contratos de operación. Abad dijo que si se da el último caso, se convocará a concursos públicos para que nuevas compañías brinden el servicio en los corredores municipales con buses eléctricos y cumpliendo estrictos parámetros de seguridad y calidad.
Jiménez argumentó que no se trató de una paralización sino de una imposibilidad de prestar el servicio dadas las condiciones de inseguridad. Agregó que hubo una confusión y un mal entendido que se corrigió el mismo día siguiente a la derogatoria del alza de los combustibles por el que los transportistas empezaron a cobrar 35 centavos sin que previamente se notificara la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito.
A criterio del coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Cristóbal Buendía, el proceso “es un tanto tardío, pero importante para sentar un precedente sobre la aplicación de la Ley para todos y no solo para los mal parqueados. Están completamente configuradas las causales de revocatoria de contratos de operación y para deshacerse, de ser el caso, de malos elementos que afectan a la calidad del servicio”.