Ha sido un año tremendo, de película. El lector se ha sentado y ha podido encontrar en nuestras páginas historias de terror, amor, acción, robos y estafas, deportes y victorias, en fin, de todo. Dejamos en sus manos las ‘películas’ del año en el país y el mundo. Agarre su canguil y su cola, y revisemos juntos este año que se acaba. Quienes hacemos La Hora les deseamos un feliz año y disfruten la función. (O)
Acusada de este delito, la oficialista Esperanza Galván fue llevada a juicio.
Muy elegante, con un vestido blanco, asistió la asambleísta por Esmeraldas Esperanza Galván al informe de labores del presidente, Rafael Correa. Horas despúes, con esa misma ‘pinta’ ella era detenida por la Policía para ser procesada por un caso de cohecho.
El propio Correa había anticipado en su discurso, que “en las próximas horas” denunciará a las “autoridades respectivas un grave caso de corrupción en las filas de la revolución ciudadana”.
El fiscal general, Galo Chiriboga, confirmó en su cuenta oficial de Twitter que la legisladora había sido arrestada “por un delito de acción pública con fines investigativos por orden de la jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)”.
Galván fue llevada a la Unidad de Flagrancia, en Quito, para exámenes médicos, señalaron las autoridades. La Fiscalía también informó que dentro del mismo caso se detuvo a dos personas más en Esmeraldas e Ibarra.
El delito que se da cuando servidores públicos “reciben o aceptan, por sí o por interpuesta persona, beneficio económicos indebido sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones” está penado con uno a tres años de prisión, según el Código Penal. El delito tiene agravantes que pueden llegar hasta los siete años de cárcel.
La asambleísta habría exigido una coima para entregar un contrato por una obra pública en Esmeraldas.
Como consecuencia de este hecho, el contralor general, Carlos Pólit, puso en marcha la investigación patrimonial de los 137 asambleístas por lo que se levantó el sigilo bancario y se ofició a las entidades financieras, registradores de la propiedad, cooperativas y al Servicio de Rentas Internas, entre otros, para que entreguen la información respectiva.
La verificación se cumple por pedido del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Durante dos meses, La Hora publicó 97 piezas periodísticas que analizaban la gestió municipal lojana. Nada importó, la sanción fue por no cubrir un acto oficial.
La Superintendencia de Comunicación (Supercom) sancionó a Diario La Hora por no haber cubierto el acto oficial de rendición de cuentas del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Esto generó, enseguida, reacciones de diversos sectores, quienes calificaron el hecho como una imposición de contenidos a los medios independientes y un atentado a la libertad de expresión.
Este proceso se inició por una denuncia del alcalde Castillo, quien reclamaba que, a pesar de haber extendido una invitación a este medio para su acto oficial, la noticia del evento no fue publicada en los días posteriores a la realización.
La Hora deberá pagar, de acuerdo con la decisión, 3.540 dólares al ente sancionador. El evento fue realizado el 23 de febrero, y la Supercom, tras analizar los ejemplares publicados entre el 23 y 29 de ese mes, concluyó que el medio incurrió en censura previa. Por este caso, el Diario se declaró en resistencia.
La multa se estableción por no cubrir el acto oficial de rendición de cuentas de Castillo, a pesar de que se demostró que durante los dos meses anteriores se publicaron 97 piezas periodísticas que analizaban la gestión municipal en temas como vialidad, alcantarillado y tránsito.
Muchas voces de apoyo se sumaron durante este proceso. Defensores de los Derechos Humanos y de la libertad de expresión, activistas sociales, artistas…
La Supercom consideró, mientras tanto, que el acto de rendición de cuentas de Castillo era un asunto de interés público, a pesar de que la Corte Constitucional emitió un dictamen en el que encargaba recién al Consejo de Regulación de la Comunicación que definierá qué mismo era eso del ‘interés público’. El Consejo no ha sacado ningún reglamento para este tema, que sigue en el limbo.
En redes sociales, los periodistas de La Hora crearon la etiqueta #PropagandaNoEsNoticia, que se mantuvo como tendencia durante varios días.
La defensa del Diario, por su parte, presentó dos recursos judiciales contra esta decisión. Ambos fueron negados por el juez de tránsito William Román Cañizarez, quien estableció en su resolución que los periodistas no pueden decidir “discrecionalmente” qué publicar y que no como parte de su trabajo.
