Las autoridades universitarias, hasta ayer en la tarde, no fueron notificadas. Tendrán 30 días para presentar sus descargos.
El rector de la Universidad Nacional de Loja (UNL), Gustavo Villacís Rivas, y la vicerrectora académica, Martha Reyes Coronel, esperarán ser notificados por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) para presentar las respectivas pruebas de descargo, esto luego de que se conociera que la entidad de control predeterminó responsabilidades administrativas de destitución y multa en contra de estas dos autoridades y otros funcionarios más, tanto de la Comisión de Intervención y de Fortalecimiento Institucional (CIFI) y de la misma universidad.
Esta predeterminación de responsabilidades administrativas de destitución y multa académica se da luego de que la CGE realizara un examen durante el período comprendido entre el 22 de junio de 2015 y el 30 de agosto de 2017.
Este examen se efectuó a los procesos de desvinculación, selección, reclutamiento, nombramientos, contratación, encargos e ingreso de personal y sus remuneraciones, por parte del rector, personal administrativo y demás servidores, así como también por la CIFI.
Tras el examen, el informe determina algunas presuntas irregularidades. Por ejemplo que la contratación de personal docente ocasional se efectuó sin cumplir las debidas disposiciones legales; asimismo se habla de que sin una base legal se pagaron honorarios a docentes y tutores por concepto de servicios profesionales; también se conoció que los miembros del Consejo Académico Superior (CAS) encargados del seguimiento al proceso de intervención no aplicaron acciones de control en la designación y remoción de personal por parte de la CIFI; también se habla de un incumplimiento de obligaciones con docentes contratados.
Reacciones
Laura Peña, docente de la UNL y exrepresentante de los docentes en el CAS, indicó que tanto el rector como la vicerrectora tienen que recibir la notificación para iniciar el proceso respectivo. Hasta ayer en la tarde, esa notificación no llegó a la UNL.
Peña señala que la predeterminación de responsabilidades administrativas de destitución y multa está sujeta a cambios porque no es una resolución que está en firme ni ejecutoriada. “No es que ya están las autoridades destituidas”, expresa la docente, informando además que la CGE da plazo de 30 días, contados a partir de la notificación, para que los aludidos presenten sus pruebas de descargo. Incluso existen otras instancias posteriores a las que pueden recurrir las autoridades de la UNL, como por ejemplo el Tribunal Contencioso Administrativo.
Para Ismael Iñiguez, estudiante de la UNL que forma parte de un sector contrario a la administración de Villacís Rivas y Reyes Coronel, que la CGE predetermine responsabilidades administrativas de destitución y multa es una buena noticia. Dice que esto se suma a otros hechos que los consideran como logros, entre ellos la salida de Enrique Santos Jara de la presidencia del Consejo de Educación Superior (CES) en semanas pasadas.
Indicó que estarán pendientes del proceso que continuará tras la notificación de la CGE a las autoridades universitarias. “La lucha va a seguir como estudiantado, vamos a seguir como resistencia exigiendo que se cumpla y se haga respetar nuestros derechos y se cumpla la ley. Que si hay un dictamen de destitución para la autoridad nominadora (el rector) este dictamen tiene que cumplirse”, precisa. (JGN)
El señor rector sigue en sus funciones y atenderá hasta el último día que fue electo”
Laura Peña
Docente de la UNL
A los estudiantes (la Contraloría) nos termina dando la razón”
Ismael Iñiguez
Estudiante
EL DATO
Gustavo Villacís Rivas y Martha Reyes Coronel culminan su periodo como autoridades de la UNL en julio de este año.