Justicia: Informe cuestiona la elección de jueces nacionales

PROCESO. El examen escrito es uno de los componentes más importantes del proceso de selección.
PROCESO. El examen escrito es uno de los componentes más importantes del proceso de selección.

El documento de la Fundación para el Debido Proceso es firmado por el experto peruano Luis Pásara.

La segunda renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia fue analizada por el académico peruano Luis Pásara, en un informe publicado por la Fundación para el Debido Proceso. El documento, que se titula ‘La justicia ecuatoriana en tiempos de cambio’, es un minucioso análisis, paso a paso, de la elección, en agosto de 2017, de siete jueces de la máxima instancia judicial del país.

Desde sus primeras páginas, el informe de Pásara contextualiza la elección en un país en donde el proyecto correísta, que gobernó 10 años, se encontraba en pleno desmoronamiento ante el rompimiento con el presidente, Lenín Moreno, y los casos de corrupción, el más famosos de los cuales, Odebrecht, llevó al exvicepresidente Jorge Glas tras las rejas.

El académico también da cuenta de la ruptura del silencio de un grupo de exjueces destituidos por la Judicatura, por no haber cedido ante presiones y exigencias de altas autoridades del Gobierno anterior.

De hecho, el 2 de agosto de 2017, el defensor Público, Ernesto Pazmiño, dirigió una carta al presidente Moreno para pedirle la suspensión del concurso, hasta que se “precisen los más amplios instrumentos de transparencia y participación social”.

El concurso se llevó adelante con resultados importantes para el análisis: casi dos de cada tres postulantes no alcanzó el puntaje mínimo exigido en las pruebas, que era 75 sobre 100. De 192 habilitados, 135 rindieron las pruebas y de esos solo 46 la aprobaron. “Es un indicador llamativo del nivel de los postulantes a la máxima instancia judicial del país”, dice el informe.

7
miembros fueron electos para esta reestructuración. También se señala que de las 4 mujeres designadas, 3 lo fueron en virtud de las disposiciones sobre paridad de género, más que por los puntos alcanzados.

Asimismo, Pásara notó que los 7 jueces designados ya trabajaban en la Función Judicial y cuatro nunca habían trabajado fuera de ella. De hecho, una de las principales críticas que hace el académico es que dentro del proceso, los puntos asignados a los títulos obtenidos o trabajos jurídicos escritos no tienen una valoración de calidad, solo de cantidad.

Otro punto que Pásara critica, es “el bajo rendimiento del mecanismo de las impugnaciones como posibilidad de vigilancia ciudadana”, ya que las reglas del sistema exigen que las impugnaciones se acompañen de pruebas y luego se comparezca a una audiencia en la que el postulante presente sus descargos, un procedimiento “equivalente a uno de naturaleza judicial”.

“Estas normas”, dice Pásara, “desnaturalizan el propósito de recoger antecedentes positivos o negativos acerca del postulante”. Por eso, el académico concluye que el poco uso del mecanismo de impugnaciones no implica que no hubiera circunstancias de interés necesarias de tomar en cuenta.

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Contrapunto

46
de 192 aspirantes aprobaron las pruebas tomadas. El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, manifestó que no ha leído el informe pero declaró: “el Dr. Pásara siempre encuentra todo mal, no solo en Ecuador sino en Iberoamérica, no sé si le pagan para eso”.

Además, consideró que en los informes del académico siempre hay alguna intencionalidad. Jalkh aseguró que la elección de los jueces fue “transparente” en todas sus fases, defendió el sistema de impugnaciones y estuvo vigilado por un comité de expertos. (MMD)

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Otros miembros del equipo
° El informe de Luis Pásara también cuenta con evaluaciones de los expertos Juan Pablo Aguilar, en Derecho administrativo; Xavier Andrade, en Derecho Penal; Ramiro Ávila, en Derechos Humanos; Roque Farto, en Derecho Civil; y Édgar Ulloa, en Derecho Contencioso Administrativo.

Ávila criticó que muchas de las preguntas de las pruebas “exigen un ejercicio de memoria, que no demuestra conocimiento ni criterio jurídico”. Él no está de acuerdo con que se privilegie al juez formalista y memorista. “Me parece imposible que una persona, sin texto abierto, pueda contestar acertadamente todas las preguntas”, agrega.