El Estado pagó USD 1.058 por un tipo de dispositivo de rastreo a personas que reciben esta alternativa en vez de ir a prisión. En mercados internacionales se facturan entre USD 130 y USD 135.
El 18 de agosto de 2016, el Ministerio de Justicia y la empresa Ceiec suscribieron un contrato por USD 13’712.456,45 para la puesta en marcha del programa de brazaletes electrónicos (conocidos popularmente como ‘grilletes electrónicos’), que se imponen a determinadas personas como una alternativa a la prisión.
El ítem 4 del contrato, “Dispositivo de vigilancia electrónica (DVE)”, estableció que cada dispositivo (de libre circulación) costó USD 1.058. Esa cifra se obtiene de la suma del valor de cada dispositivo (USD 960) más el costo de la licencia permanente de cada unidad (USD 98). El contrato no especifica qué características y valores se incluyeron dentro de los USD 960, porque simplemente se limita a decir “Dispositivo libre circulación”.
Según Ceiec, el equipo ofertado fue el modelo MT200, marca Ceiec, del año 2016, con tecnología y comunicación GSM, GPRS/UMTS, Quad-band 850/900/1800/1900Mhz, 3G, GPS, Bluetooth, micrófono y parlante incorporado. Para precisión de ubicación: 15 metros, puerto para cable de carga; resistentes a humedad y temperaturas hasta 250 grados y batería de 15 horas de duración.
En plataformas digitales de comercialización, estos productos oscilan entre los USD 130 y USD 135. Es decir, casi un 800% de diferencia frente al valor pagado por el Estado.
Dentro de esta investigación, se formuló una consulta directa a dos ejecutivos en China que distribuyen estos brazaletes; la primera ejecutiva dijo que el modelo MT 110 (por la compra de 1.000 piezas) costaba USD 100.
13,7
millones es el monto del contrato suscrito con Ceiec.La ejecutiva pidió saber cuál era el mercado final de los equipos. Al informarle que era Ecuador, respondió: “En Ecuador tenemos un distribuidor para gestionar el rastreador de GPS en la prisión (MT-110, MT-60x, MT-200x, MT-300), por lo que no podemos recomendar ningún otro tipo de rastreador”. Al preguntarle si era posible contactar al distribuidor, respondió: “Es un proyecto gubernamental”.
En un nuevo mensaje se le preguntó si se trataba de Ceiec (China National Electronics Import & Export Corporation), dado que se trata de la empresa que ganó el contrato con el Gobierno. Ella añadió: “sí, Ceiec es nuestro socio”.
Otro ejecutivo chino fue consultado por el precio del dispositivo de tobillo modelo MT-200, con las mismas características de los que fueron entregados. Señaló que “para 1.000 piezas, ofrecemos el MT200x (3G) en USD 130, o 500 piezas las ofrecemos en USD 135”.
Estas consultas permitieron conocer que la empresa Megastek, de Hong Kong, es la fabricante de estos dispositivos.
Con crédito chino…
Las especificaciones técnicas de la negociación indicaron que el contrato fue financiado con la cuarta línea de crédito que el Banco de Desarrollo de China (CDB) otorgó a Ecuador. En abril de 2016, el Ministerio de Finanzas anunció la suscripción del crédito por USD 2.000 millones con el CDB. Dicho crédito, según Finanzas, se dividió en Tramo A y Tramo B. El primero de hasta USD 1.500 millones, fueron recursos “de libre disponibilidad” y el segundo de USD 500 millones, destinado a “proyectos de inversión”, es decir a contratos a cargo de empresas chinas.
Dentro del Tramo B, el Ministerio de Justicia compró 4.000 dispositivos para libre circulación, 600 para protección de víctimas, 400 para arresto domiciliario y 500 dispositivos para reconocimiento facial, con el respectivo software de monitoreo, su implementación, instalación e infraestructura.
Directo con Ceiec
Ledy Zúñiga, para entonces ministra de Justicia, aseguró de cara a esta investigación que ocho empresas presentaron sus propuestas: Ceiec (China), Urbandata Cía. Ltda. (Estados Unidos-Bielorrusa), Supercom Ltd. (Israel), Ecuasistemas S.A-3M (Israel), Distribuciones Importaciones y Representaciones Generales S.A. D.I.R.E (España); Huawei Technologies (China), Securitas Ecuador (Canadá) y Track Group INC (EE.UU.).
En marzo de 2016, las ocho empresas realizaron las pruebas de los dispositivos. Un empresario que participó en ese proceso, que prefirió no identificarse, dice que fue notorio que los equipos de Ceiec no pasaron la prueba de inmersión en piscina…
Sin embargo, el 26 de julio de 2016, desde una de las subsecretarías del Ministerio de Justicia, se recomendó “que se invite de forma directa a Ceiec”. Tres días después, la Ministra subrogante resolvió la contratación por régimen especial. Esto sacó de juego al resto de participantes.
La ducha ‘bolivariana’
“Usted no puede bañarse más de 8 minutos y si lo hace, póngase una funda”. Fernando Villavicencio, quien lleva uno de los grilletes, recuerda que eso le dijo el funcionario del Ministerio de Justicia que le colocó el dispositivo. Además, le prohibió el ingreso a ríos y piscinas. Algo similar informaron al exlegislador Cléver Jiménez, quien también lleva un dispositivo. Jiménez contó que recibe llamadas constantes de funcionarios del Ministerio -cada 8 horas en promedio- y por razones distintas. Las más recurrentes: advertirle que cargue el equipo y preguntarle sobre su ubicación. Para él resulta sorprendente que pregunten por su ubicación, cuando el equipo tiene un GPS. “O el equipo no funciona o pretenden alterar mi tranquilidad”, dice.
Según los términos de negociación, los dispositivos deben garantizar que las personas puedan acceder libremente a piscinas, ríos o al mar, por un período de hasta 1 hora, con un nivel de inmersión de hasta 1,60 metros.
En el caso de Villavicencio, el primer dispositivo fue cambiado debido a fallas en la operación. Él igualmente cuestiona las constantes llamadas, cada 6 horas, a pedirle que cargue el equipo. De acuerdo con los términos técnicos, la batería tiene una duración mínima de 15 horas.
Este Diario se reunió con otra persona a quien se impuso el grillete. Su batería duró menos de ocho horas… (Investigación de Focus, Plan V, Milhojas y La Hora)