Redacción QUITO
El mediodía de hoy, martes 8 de mayo de 2017, se desarrolló la audiencia #12 del 168 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Santo Domingo, que trató sobre la independencia judicial de Ecuador.
Representantes de la sociedad civil expusieron información y casos sobre la situación de la independencia de la justicia en el país. Además, sí acudió un representante del Estado, quien además confirmó la invitación del Gobierno ecuatoriano a la Relatoría especial para la libertad de expresión para que visite el país y constate la situación de la libertad de expresión.
Édison Lanza, el relator de esa área, publicó en Twitter la confirmación, indicando que la invitación tiene por objetivo «trabajar junto a sociedad civil en adopción de estándares internacionales de libertad expresión».
También saludó el «cambio fundamental del presidente, Lenín Moreno, y su gobierno. Gracias a la resiliencia valiente de sociedad civil ecuatoriana».
El representante del Estado, señaló que es necesario reformar la Ley de Comunicación y reiteró la invitación de Moreno al relator especial para libertad de expresión “para que visite Ecuador y pueda coadyuvar a los esfuerzos nacionales para reformar este asunto que ha sido tan cuestionado por la sociedad civil”.
La presencia del Estado en el Periodo de Sesiones también fue celebrado por la defensora de Derechos Humanos y abogada Daniela Salazar, quien dijo en su cuenta de Twitter que es un día histórico, debido a que durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, el Estado estaba ausente.
La audiencia
Durante su comparecencia, Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso, trató sobre la renovación de integrantes de la Corte Nacional en 2017.
Afirmó que se produjo en una época en la que el Consejo de la Judicatura estuvo fuertemente cuestionado por varias denuncias de su utilización para injerencia política en la justicia durante el periodo del gobierno de Correa.
Mencionó también que hubo imparcialidad del órgano e importantes limitaciones de acceso a la información sobre los aspirantes a la Corte.
Por su parte, Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo señaló que es cierto que los jueces pueden tener errores en el desempeño de sus funciones pero que de acuerdo con los estándares internacionales ello debe ser analizado, calificado y sancionado por órganos jurisdiccionales, no por funcionarios ni órganos administrativos, vulnerando consecuentemente la independencia judicial.
Mencionó además que esto ha generado preocupación a escala internacional y que varios organismos han generado recomendaciones especialmente sobre la figura del error inexcusable y que han llegado a solicitar incluso la eliminación de esta.
Ramiro García, Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, indicó que la aplicación del error inexcusable y la evidente injerencia política de los últimos 10 años en el sector de la Justicia ha distorsionado tanto a la administración de justicia como al ejercicio profesional de quienes están inmersos en el ámbito legal.
“Esto ha menoscabado sin lugar a dudas la percepción que la sociedad civil y en específico los gremios de abogados y de Derechos Humanos tienen sobre la administración de Justicia”, agregó.
Finalmente, el representante del Estado dijo que “el error inexcusable debe ser discutido a través de decisiones del Poder Legislativo que elimine ambigüedades aprovechadas para tomar decisiones a nivel de país”, dijo.
Dijo también que el Presidente desde que asumió su mandato puso énfasis en establecer un diálogo que involucre al Estado con la sociedad civil y que la consulta fue una herramienta para responder a la voluntad de la sociedad civil.