El caso de corrupción y sobornos de Odebrecht suma once sospechosos que serán vinculados al proceso
El próximo martes 29 de agosto, el vicepresidente Jorge Glas, el excontralor Carlos Pólit y otros nueve sospechosos deberán acudir al banquillo de los acusados para enfrentar la formulación de cargos por vinculación al proceso que investiga el presunto delito de asociación ilícita, producto de la trama de corrupción y sobornos de la empresa constructora Norberto Odebrecht.
En este pedido de vinculación, ha habido una celeridad muy pocas veces vista en la administración de justicia, en razón de que en cuestión de horas las Asamblea Nacional autorizó el enjuiciamiento del segundo mandatorio del país y el juez de la causa, Miguel Jurado Fabara, ese mismo día, en horas de la noche, fijó el día y hora para esa diligencia.
Todo se ha movido y tramitado a la velocidad del rayo. La Fiscalía hizo el pedido de vinculación de Glas se hizo el 21 de agosto, y ese mismo día, a las 18:05, la Corte Nacional de Justicia realiza el sorteo de la causa y le corresponde conocer al juez Miguel Jurado Fabara, quien de inmediato avocó conocimiento del caso y ordenó que del particular se comunique a los sujetos procesales sobre la recepción del proceso remitido por la Unidad Judicial.
Con fecha 22 de agosto de 2017, a las 11:06, el juez Jurado ordena que se agregue al proceso el pedido del fiscal Carlos Baca Mancheno para que se fije día y hora para la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal de Jorge Glas, y para cuyo efecto, requiere que se remita oficio a la Asamblea Nacional para que autorice la realización de dicha audiencia.
El pedido de autorización a la Asamblea se realizó el 23 de agosto y al día siguiente, 128 legisladores, sin debate alguno, aprobaron la moción que había sido planteada por el propio presidente de la legislatura, José Serrano. Esa misma noche, el juez Miguel Jurado fijó la fecha para la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal.
Esta ligereza de jueces, fiscales y asambleístas, obedece a que el próximo 3 de septiembre vence el plazo de los 90 días para que se cierre la instrucción fiscal y, aunque tras la audiencia de vinculación el proceso se puede extender por otros 30 días, los tiempos son muy justos para un proceso que ya tiene 134 cuerpos, esto es 13.400 fojas. (LC)
Los otros sospechosos
Los sospechosos son 11 y entre ellos se cuenta al vicepresidente Jorge Glas y al excontralor general del Estado, Carlos Pólit Faggioni. También están los cuatro ciudadanos brasileños Mauricio Grossi Neves, José Santos Filho, Ricargo Vieira y Simoes Dos Passos, ejecutivos de la empresa Odebrecht.
A estos se suman los venezolanos de la empresa Pdvsa, Freddy Salas Neuman y Alexis Arellano Meléndez. Y, los ecuatorianos Ricky Dávalos Oviedo, Diego Cabrera Guerrero y Ramiro Carrillo Campaña, los dos últimos detenidos y procesados en otro juicio.
En este caso ya están procesados Gustavo Massuh Isaías, Carlos Villamarín Córdova, Kepler Verduga Aguilera, José Catagua Delgado, José Terán Naranjo, Edgar Arias Quiroz y Ricardo Rivera Arauz, éste último, tío del vicepresidente Jorge Glas.
Los otros pendientes de Glas
Existen otros casos en los que Glas ha sido mencionado. En el marco de la venta de la compañía fiscalizadora Caminosca S.A., en el año 2013, se encontraron ciertos pagos indebidos que se desprendieron del análisis de la contabilidad. Según la información de la Comisión Anticorrupción, siete funcionarios del correísmo se habrían beneficiado de sobornos, por cuanto interpusieron una denuncia en la que señalan a Jorge Glas y al exministro Esteban Albornoz.
La asambleísta Jeannine Cruz también presentó una denuncia para que se investiguen estos pagos ilícitos. Este caso estaría en fase de investigación.
El otro caso público fue alertado por la Contraloría General del Estado, es el de la adjudicación del campo petrolero Singue. Si bien Glas no firmó ese contrato, fue miembro del Comité de Licitación Hidrocarburífera que aprobó esa adjudicación, su participación tendría que ver con la decisión de ese comité. Este contrato fue suscrito entre el Estado y el Consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador. El perjuicio para el Estado sería de más de 5,2 millones de dólares, por calcular la tasa interna de retorno, sin sustento legal, en el 80% y no en el 100% de las reservas probadas remanentes oficializadas por los 2.040.556 barriles, previstas para los 20 años de ejecución del contrato.
Hubo más iregularidades, como que la hija del exministro Wilson Pástor, que suscribió el contrato, terminó trabajando para Gente Oil Ecuador. Este caso también estaría en investigación. (MMD)