Se involucra también, en la instrucción fiscal, a un funcionario de la Asamblea Nacional.
La fiscal de Pichincha, Claudia Romero, formuló cargos por el presunto delito de asociación ilícita derivado en concusión, penado con prisión de tres a cinco años, contra dos funcionarios del Ministerio del Interior, uno de la Asamblea y una persona particular.
Los integrantes de esta presunta red de corrupción que operaba en esa Cartera de Estado fueron detenidos el miércoles por la noche en una operación donde se procedió a la incautación de evidencias y aprehensión de bienes.
Los procesados son Boris P., Director Administrativo del Ministerio; Byron Z., Director Financiero; María E., esposa de Boris P., y David Y., actual gestor de la Casa de la Asamblea en Pichincha, pero que llegó a la Legislatura en 2015 en comisión de servicios como asistente de Gabriela Rivadeneira, en ese entonces titular de la Asamblea.
En esa época integró el equipo de coordinación general de participación ciudadana para que mantuviera contactos con las organizaciones sociales, dirigentes barriales, emprendimientos, según manifestó el procesado.
También estarían involucrados Paula C., exfuncionaria del Ministerio y su expareja Luis N., a quienes no se les pudo detener ya que habían salido del país antes del operativo por lo que se ha solicitado que se expida una orden de detención en su contra con fines investigativos.
La audiencia
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal manifestó ante la jueza Geovanna Palacios que los procesados se asociaron ilícitamente para aprovechándose de sus cargos beneficiarse económicamente de contratos por los que pedían un 10% de beneficio para adjudicarlos. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía constan registros telefónicos, movimientos bancarios, ingresos de sueldos, movimientos migratorios.
La investigación se inició en 2014 por la queja de uno de los proveedores del Ministerio del Interior, quien solo les supo dar el número celular de uno de los involucrados. El Ministerio puso la respectiva denuncia ante la Fiscalía y se ordenó la intercepción y triangulación de las llamadas a partir de ese número que a decir de la Fiscalía pertenece a Boris P., alias el ‘Director’.
Entre las llamadas consta el registro de conexión con Byron Z., donde le explicaría el mecanismo de operación y los montos. La esposa de Boris P. entra en el proceso ya que en llamadas que mantienen los dos, según la Fiscalía, aparentemente hablaban del negocio, inclusive él le manifestó en una oportunidad que en ese momento estaba “contando los 5 mil…”.
Se suma como prueba de la Fiscalía que la esposa, quien no generaba ingresos económicos, adquirió un vehículo KIA, en 2014, por 24 mil dólares en efectivo. Ella, a su vez, se comunicaba, dice la Fiscalía, con el funcionario de la Asamblea para conversar con qué proveedores trabajaba, con lo que se establecería la asociación ilícita.
Entre otros elementos irregulares consta que ordenaban ingresar los vehículos del Ministerio del Interior a determinadas mecánicas a cambio de un porcentaje para darles el trabajo.
La defensa
Marcela Estrella, abogada del presunto cabecilla de la presunta red de corrupción, argumentó que se hablan de contratos de coimas desde 2014 en el Ministerio del Interior, pero que su defendido ingresó a esa institución este año.
Añadió que la Fiscalía no ha determinado el momento del presunto perjuicio, no se ha establecido en que tiempo, o dónde se reunieron los hoy acusados. Y, sobre todo, que no se ha evidenciado que haya asociación ilícita ya que era natural que su defendido se comunicara con su esposa. La pareja dijo que compraron el auto con un préstamo familiar. La defensa del resto de procesados giró en similares ejes.
La fiscal Romero pidió que se dicte prisión preventiva para los acusados mientras duran los 90 días de instrucción fiscal, pedido que la jueza aún estaba por resolver hasta el cierre de esta edición, ya que los abogados pedían medidas sustitutivas como presentarse ante el juez periódicamente, el uso del dispositivo electrónico o la prohibición de salir del país. (HCR)
Fiscal denuncia presión por este caso
° La fiscal Claudia Romero, quien lleva este caso, aseguró que ha sido intimidada y amenazada desde que inició la investigación. También mencionó que desde altos sectores políticos se le presionó para dejar fuera de la investigación a Luis N., David Y. y Paula C.
Esta ultima procesada habría participado, cuando trabajó en el Ministerio del Interior, en la negociación para la compra de caballos para la Policía Nacional, contrato que fue observado por la Contraloría, y en la adquisición de laboratorios para Yachay.