Redacción, QUITO
Luego de realizada la audiencia de apelación, ayer en la Corte Provincial de Cuenca, se decidió que en 8 días se emitirá un veredicto final sobre si se suspenden definitivamente o se reanudan las activadas en el proyecto minero Río Blanco, ubicado entre las parroquias Molleturo y Chaucha.
Esta audiencia de apelación duró tres horas, y durante la misma se evacuaron 20 amicus curiaes en contra de la actividad minera.
El viceministro de Minería, Henry Troya, explicó que Río Blanco es uno de los proyectos estratégicos para el país. “El yacimiento es bastante superficial y como política de Estado estamos propendiendo a que la minería se desarrolle con una técnica responsable a través de empresas que han obtenido los permisos ambientales y de manejo”, dijo.
Además, añadió que al dejar sin resguardo los proyectos y sin una empresa que explote el yacimiento de una manera técnica “sería abrir las puertas a la minería ilegal”.
Por su parte, Yaku Pérez, abogado defensor de las comunidades presuntamente afectadas por el proyecto minero Río Blanco, aseguró que si se falla a favor del Estado sería una «declaratoria de guerra». «Vendría la desobediencia civil y se reactivarían las acciones de resistencia no solamente en el cantón Cuenca sino en todo el país», acotó.
El proyecto, que comprende 5.708 hectáreas, es principalmente de oro, y la concesión pertenece a la empresa Ecuagoldmining South America S.A. (JS)
Antedecente.- El 1 de junio, el juez de la Unidad Judicial de lo Civil de Cuenca, Paúl Serrano, ordenó la suspensión de la actividad minera en el proyecto Río Blanco, debido a incumplimientos en el proceso de consulta previa a las comunidades aledañas, y por posibles daños ambientales en la zona.