Hasta marzo de 2021 se espera incluir 225.000 beneficiarios adicionales del Bono de Desarrollo Humano y entregar tres bonos de emergencia por una sola vez.
En mayo de 2017, cuando Lenín Moreno llegó a la Presidencia de la República, el gasto en protección social -que incluye bonos y otras ayudas directas- llegaba a $643 millones anuales.
La compensación a funcionarios públicos de salud, educación y salud significará $65,1 millones.Cuatro años después, el presupuesto para esos fines ha crecido 133%, con lo que para 2021 se proyecta un monto de $1.500 millones. Un porcentaje de ese incremento desde el año pasado está relacionado con los intentos por mitigar el impacto de la pandemia.
En 2020, en medio de la crisis, el Gobierno desembolsó $1.022 millones, debido a que se crearon mecanismos coyunturales como los Bonos de Protección Familiar. Además, en septiembre, se incluyeron 225.000 beneficiarios más del Bono de Desarrollo Humano (BDH).
Una mayor red de protección social está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso, en la última revisión del multilateral, se proyecta que buena parte del gasto incremental para este año saldría del ahorro que genera la eliminación gradual del subsidio a los combustibles, a parte de créditos de organismo multilaterales.
Medidas en los últimos tres meses
Desde noviembre de 2020, el Gobierno ha acumulado una sucesión de anuncios sobre nuevas ayudas sociales de emergencia. Solo en esos aspectos, el presupuesto estimado por el Ministerio de Economía es de $350 millones.
El bono de desempleo significa un gasto adicional de $286 millones en 2021.A eso hay que sumar otros anuncios, como el bono de $200, por una sola vez, a funcionarios públicos de las áreas de salud, educación y seguridad; y la reinscripción de 10.000 personas que salieron del Seguro Social Campesino durante la pandemia.
Dudas sobre el aumento de la cobertura
En octubre de 2020, cuando se firmó un nuevo acuerdo de financiamiento con el FMI, ese multilateral cuestionó que, a pesar del creciente gasto, solo el 30% de la población pobre estaba incluida dentro de la red de protección social.
Con las medidas anunciadas e implementadas, el actual Gobierno asegura que ese porcentaje llegará al 50%, pero no hay claridad sobre cómo avanza el proceso de actualización y depuración del Registro Social, ni con qué criterios se están identificando los beneficiarios de las ayudas de emergencia y permanentes.
Este diario, desde el 26 de enero de 2021, sigue esperando respuestas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre cómo se está evitando que una misma persona reciba más de una ayuda, mientras otras no accedan a nada; si se cumplirán las metas y el cronograma al mejor el Registro, o cómo se puede establecer un porcentaje de cobertura si las últimas tener cifras actualizadas de empleo son de diciembre 2019
Otro aspecto que se debe aclarar es cómo se ha gastado los $350 millones del crédito del Banco Mundial otorgado al país, en abril 2019, para mejorar cuatro cosas: Bono de Desarrollo Humano (BDH), Bono Variable para personas en extrema pobreza y con hijos menores de 18 años, Bono Joaquín Gallegos Lara, Mis Mejores Años y Bono para personas con discapacidades.
Buen esfuerzo, pero insuficiente
Santiago García, docente universitario y presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó que, con todas las fallas que pueda haber, el objetivo debe ser fortalecer el sistema de ayuda social; pero lamentablemente ninguno de los candidatos aspirantes a la presidencia tiene planes concretos para hacerlo.
Además, se tienen que establecer mecanismos adecuados de financiamiento, entre ellos, créditos de multilaterales, que han sido fuertemente utilizados para esos fines en el actual Gobierno, o, la optimización de gastos dentro del Presupuesto General del Estado (PGE).
Según García, hasta abril o mayo de 2021, varias universidades tienen que entregar el nuevo Registro Social, pero todo el esfuerzo no servirá para nada si se cometen los mismos errores del pasado.
“En los últimos 20 años, la entrega de bonos y ayudas se ha utilizado como un mecanismo de populismo y clientelismo, por lo que no han llegado a todos los que realmente necesitan. Ahora se debe respetar el nuevo registro y no manipularlo políticamente”, acotó.
El manejo de la administración de Moreno ha sido medianamente bueno, tomando en cuenta las condiciones de la crisis, pero insuficiente ante la devastación de la pandemia, con más de 3 millones de pobres al cierre de 2020. (JS)
- Se ofreció un bono, por una sola vez, de $60 para todos los trabajadores que recibieron el Salario Básico Unificado (SBU); y otro de $100 para los desempleados durante la pandemia. Ninguno de esos ofrecimientos se ha cumplido hasta la fecha.
- La tercera y cuarta fase del Bono de Protección Familiar, que consiste en un pago único de $120 a 480.000 familias, se comenzó a pagar desde hace un par de semanas, pero no queda claro cómo se determinan los beneficiarios o si se han corregido los errores del pasado.
- Hasta marzo de 2021 se espera entregar un bono de desempleo, por $500, a 570.000 personas que perdieron su trabajo formal el año pasado. La base de beneficiarios para esta ayuda estaría atada a los registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero ya hay reclamos de que no todos los que cumplen los requisitos estarían en las listas que manejan las autoridades.
- Hasta marzo de este año se ofreció sumar 225.000 familias más a la red del Bono de Desarrollo Humano.