El caso de Satya generará un precedente en el país. Organizaciones esperan pronunciamiento de Corte Constitucional.
El caso de la pequeña Satya revive el debate entre grupos que defienden a la comunidad Glbti, que exigen a las autoridades que se avance en el reconocimiento de sus derechos y aquellos conservadores que no comparten sus planteamientos.
Azucena Soledispa, de la fundación Causana, exigió que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie “a la brevedad posible” sobre la acción extraordinaria de protección con la que una pareja de lesbianas busca que se le permita inscribir a su hija con el apellido de ambas.
No se trata de un tema de adopción, algo que la Carta Magna prohíbe a las personas del mismo sexo, puesto que la niña, que tiene una edad de 4 años y medio, fue fecundada por Nicola Rothon, mediante inseminación artificial, tras decidir criarla con su compañera, Helen Bicknell.
El problema radica en que, mientras la Constitución reconoce ‘a las familias diversas’ y da la libertad a los progenitores a inscribir a sus hijos con el nombre que deseen, el Registro Civil solo permite colocar a los neonatos el apellido de un hombre y una mujer, o los dos de una madre soltera.
Los criterios
Bernarda Freire, del colectivo Igualdad de Derechos ¡Ya!, cree que ante todo se debe reconocer el derecho de la pequeña a llevar el apellido de ellas, frente a lo que considera como “discriminación estructural” que persiste en el país.
Pero esa postura no la comparte Amparo Medina, de la Red Vida y Familia, quien argumentó que lo que en realidad busca esta pareja de lesbianas “es crear una figura nueva en las leyes ecuatorianas”.
“Bajo el Código de la Niñez, bajo el mismo Registro Civil, se dice claramente que solo existe la figura de papá y mamá, no existen dos mamás ni dos papás, ni en la naturaleza ni en las leyes ecuatorianas”, señaló. (RVD)
Los antecedentes
La Constitución reconoce ‘la familia en sus diversos tipos’ y garantiza los mismos derechos para las familias constituidas en matrimonio o unión de hecho.
Este último estatus es en el que están registradas las dos madres en cuestión, una pareja de inglesas que viven en Ecuador desde hace cinco años.
Desde 2012, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, pidieron una acción de protección a los tribunales para poder registrar a la niña.
CIFRA
4
años llevan las mujeres esperando que se resuelva este caso.