Ecuador y Argentina firman acuerdos en seguridad social y bienes culturales

Ecuador y Argentina firman acuerdos en seguridad social y bienes culturales
El embajador de Argentina, Alberto Álvarez, y el canciller en funciones de Ecuador, Xavier Lasso. Fotos: Cancillería de Ecuador

QUITO, EFE

Los gobiernos de Ecuador y Argentina firmaron hoy, 9 de diciembre de 2015, acuerdos en temas de seguridad social y lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales, en el marco de un fortalecimiento de las relaciones bilaterales, informó el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores.

El canciller en funciones de Ecuador, Xavier Lasso, y el embajador de Argentina en Quito, Alberto Álvarez, suscribieron los acuerdos que buscan el beneficio mutuo, señaló la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.

En el área de seguridad social, uno de los convenios, respecto a Argentina, se refiere a las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social en lo que respecta a los regímenes de vejez, invalidez y muerte.

También al régimen de asignaciones familiares en lo que se refiere exclusivamente a la asignación por maternidad, precisa el texto de la Cancillería ecuatoriana.

En el caso de Ecuador, el acuerdo se aplicará a la legislación sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte del seguro universal obligatorio vigente en el país andino.

Las autoridades competentes para la aplicación de dicho convenio son, por parte de Ecuador, el Instituto de Seguridad Social, y por Argentina el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social.

Además, las autoridades firmaron un Acuerdo Administrativo para la aplicación del convenio sobre seguridad social entre los dos países.

Otro de los instrumentos suscritos hoy en Quito tiene como objetivo establecer las bases y procedimientos sobre los cuales los dos Estados cooperarán en materia de bienes culturales.

Este convenio pretende reforzar la cooperación sobre protección, conservación, recuperación y restitución de bienes arqueológicos, paleontológicos, artísticos, históricos y culturales que hayan sido objeto de robo, hurto, saqueo, tráfico o comercialización ilícita en sus territorios.

También busca regular la cooperación bilateral sobre asistencia judicial en los procesos de investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables de este tipo de delitos.