Solo en el 2016 el sistema de control de exceso de velocidad registrado en los fotorradares generó 12,5 millones dólares en multas. En el 2015 el monto superó los 7 millones de dólares.
De acuerdo al contrato de concesión, la empresa Seguridad Vial Security Enforcement System, concesionaria de los fotorradares, recibiría 5,3 millones de dólares que corresponden al 43% de ese monto en el 2016. La Municipalidad de Ambato recibiría 7,2 millones de dólares correspondientes al 57% .
Del 43% que recibe la empresa, el 5% lo debe invertir en proyectos de educación vial, pero según el Municipio de Ambato esto no ha sucedido y esta entidad ha sido quien ha generado procesos con sus resursos.
La concejala, Aracelly Calderón, señaló que se generó una gran expectativa para educar a niños, jóvenes y adultos mayores, “pero vemos que la cifra de recaudación es importante, pero no se ha visto reflejada en educación vial”.
Calderón agregó que los programas de educación no se ve en las calles, tampoco en los establecimientos educativos, ni en las vías, “por eso he pedido un informe sobre el 5% que se debió invertir en este tema”.
Luis Amoroso, alcalde de Ambato, dijo que de acuerdo al contrato, la empresa concesionaria está en la obligación de hacer campañas de educación vial, pero la Municipalidad también lo puede hacer de forma independiente y así lo ha hecho.
El gerente de la empresa Seguridad Vial Security Enforcement System, Jaime Castellanos, manifestó que enviaron al Alcalde un informe sobre las inversiones realizadas que superan las claúsulas del contrato entre el 2014 y 2016.
La alcaldesa encargada de Ambato, María Fernanda Naranjo, mencionó que el contratista está obligado a cumplir con el 5% de contrato en educación vial, “la empresa ha manifestado que sí lo hace, pero no hemos observado aquello, tenemos que confirmarlo. Sin embargo, la Municipalidad ha invertido alrededor de 500.000 dólares en este proceso”.
Contrato
Amoroso afirmó que ya está encaminada la renegociación de contrato de los fotorradares y para eso se requirió informes a la Procuraduría y Contraloría General del Estado. “Tengo que resolver este problema en función de lo que dice la Ley”.
El Alcalde señaló que la Contraloría dispuso la renegociación del contrato, no la culminación “y si podemos revertir los recursos en favor de la Municipalidad, así lo haremos, porque esa es mi función”.
Amoroso insistió en que el contrato fue firmado en la Administración de Fernando Callejas y el valor de las multas están determinadas en el Código Integral Penal (COIP) que fue aprobado por la Asamblea Nacional. (CV)