Corte de Pastaza suspende ejecución de proyecto hidroeléctrico en Piatúa

La mañana de hoy, un juez de la Unidad Judicial de Pastaza dejó sin efecto la licencia ambiental y la autorización del uso y aprovechamiento del caudal otorgado a la empresa GENEFRAN S.A. Ésta deberá emitir disculpas públicas al pueblo Kichwa Santa Clara por el caso Río Piatúa.

La decisión deja sin efecto la sentencia que en primera instancia fue dictada por el juez de Pastaza, Aurelio Quito, sobre la acción de protección del pueblo, quienes estaban en contra de la construcción de un represa sobre el Río Piatúa.

Quito, involucrado en un presunto cohecho por 37.000 dólares, guarda desde el último miércoles prisión preventiva. La medida fue aceptada y ordenada por el magistrado Carlos Medina, quien además dispuso su inmediato traslado a la Cárcel 4, en Quito. El implicado deberá ahí cumplir la medida cautelar.

La denuncia que llevó a Quito a estar privado de la libertad, la formalizó su compañero, John Álava. El magistrado es parte del Tribunal que deberá pronunciarse sobre la apelación de una acción de protección que, en primera instancia, negó Quito, dentro del caso Río Piatúa.

En un comunicado de prensa de la Fiscalía, se explica que “el 29 de agosto de 2019, el hoy procesado le ofreció (a Álava) beneficios administrativos y económicos, con la condición de que ratifique la sentencia dictada en el caso. Por esta razón aceptó la entrega de dinero para el 3 de septiembre en un restaurante de la ciudad y procedió a informar a las autoridades competentes. En el interior de dos cajas de licor, Aurelio Q. le hizo la entrega del dinero, momento en el que se procedió a su aprehensión”.

Va a colaborar
Tras la audiencia de formulación de cargos, el abogado de Quito, Christian Romero, dijo que su defendido está presto a colaborar con las autoridades para revelar una red de corrupción que estaría operando en la Función Judicial.

“Tenemos información relevante de que más administradores de justicia estarían involucrados en otros hechos. Aportaremos con elementos claros y precisos”, dijo el abogado.

Luego de detectarse este presunto intento de soborno por 37.000 dólares, el Consejo de la Judicatura (CJ) anunció la suspensión de Quito hasta por 90 días. Esa medida cautelar fue emitida el pasado miércoles sustentada en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial; y en el artículo 48 de la Codificación del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. (FLC)