Redacción QUITO
Como parte de las investigaciones que ha emprendido la Contraloría sobre el manejo de la deuda pública, hoy se emitió um informe sobre Certificados de tesorería (Cetes), en donde se establecen responsabilidades civiles y penales contra el expresidente Correa, exministros de Economía, exfuncionarios de la secretaria de planificación, exministro coordinador de Economía, entre otros.
Este examen cubre 5 colocaciones de Cetes realizadas durante el periodo enero 2016 a diciembre de 2017. El monto aproximado fluctúa entre los 1.700 y los 2.300 millones de dólares.
Según Pablo Celi, contralor subrogante, las irregularidades encontradas tienen su origen en el decreto ejecutivo 1218, el cual permitió modificar ilegalmente el artículo 123 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas.
«Este decreto permitió que los Cetes, que son instrumentos de deuda de corto plazo, sean ilegamente renovados a más de 360 días; además se los utilizó como dación de pago a otros instituciones públicas y privadas con las cuales el estado tenía deudas», dijo.
Otras irregularidades fueron que los Cetes fueron utilizados para sustituir instrumentos vencidos de deuda interna, como bonos y cupones de capital. Finalmemte, en base al citado decreto 1218, toda la documentación de estos certificados fue declarada reservada, con lo que se lesionó gravemente la transparencia de todos los procesos.
El informe con indicios de responsabilidad penal ya fue remitido hoy mismo a la Fiscalía.
Por otra parte, Celi anunció que están muy avanzados, vinculados a las auditorias ze la deuda pública, los exámenes especiales a la contratación de abogados, bancos especializados y agentes financieros; y a las operaciones de financiamiento a través de oro con Goldman Sachs.
También, se encuentra en fase previa a su ejecución otros exámenes a las daciones en pago de acciones de la banca pública a favor del Banco Central; preventas petroleras, y sobre las condiciones financieras, técnicas y legales del financiamiento público.
Finalmente, otro anuncio importante es que, como está cerca de cumplirse los 3 meses de plazo para hacer efectivo las recomendaciones de Contraloría sobre la deuda pública, durante el periodo 2012 a 2016, el organismo de control realizará un examen especial para verificar cuantas y en qué medida se cumplieron dichas recomendaciones. (JS)