En relación con la consulta popular asumimos nuestra responsabilidad de apoyarla en los siguientes términos ante a la posibilidad de cambio político para transitar hacia la democracia.
La consulta popular es un mecanismo válido para superar las deficiencias del sistema político y renovar a la legitimidad política. El autoritarismo y la corrupción marcaron a la década pasada estimulados por varias instituciones que es preciso reformar. El gobierno recién inaugurado ha recibido nuevas dosis de aceptación pública por la diferencia que ha marcado respecto de su antecesor en temas y circunstancias precisas y condicionadas por el ambiente de distensión que ha contribuido a gestar. Sin embargo, el camino para iniciar la democratización está aún por construir. Los modelos político y económico deben rediseñarse y deben sumarse nuevas muestras de voluntad política en esa dirección. La consulta popular abre expectativas que no se deben frustrar.
Las preguntas de la consulta popular son señales de diversa intensidad acerca de la voluntad política del Ejecutivo en la dirección indicada. Estos indicativos permiten un alto grado de proximidad y un frontal apoyo de las organizaciones de la sociedad civil con la prohibición de reelección indefinida del Presidente de la República, institución impuesta por el autoritarismo para perpetuarse en el poder y garantizar un Estado prebendalista y mafioso manipulado por una nueva casta de elites políticas. Esta importante barrera puede iniciar el desmontaje del clientelismo estructurada en la década pasada y la renovación de liderazgos. Complementariamente, la profundización de sanciones a los delitos contra la corrupción pública puede lograr una importante coherencia para reforma institucional que el país precisa.
También expresamos nuestro apoyo al afianzamiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales.
Al mismo tiempo debemos manifestar nuestra radical susceptibilidad con la pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habíamos expresado, y nos ratificamos, acerca de la necesidad de terminar con la mayor parte de funciones y atribuciones de esa institución cuya concepción y diseño consideramos esencialmente nocivos. El problema central no son solamente sus operadores, que han dado muestras de extrema obsecuencia con la corrupción y dependencia con el Ejecutivo, sino su mismo concepto que sustrae a la soberanía popular de sus fuentes naturales.
Aquel defecto de raíz no se subsana con un Consejo de Transición, que además de ratificar el diseño caduco se asienta en una extrema discrecionalidad en su origen en el Ejecutivo y en sus atribuciones; y, tampoco con una elección popular directa, que trae todos los defectos de clientelismo tal como se lo ha observado en otras experiencias en la región para la elección de jueces. Nuestra posición es que se debió acelerar más aún el inicio de la democratización con la expresión directa del pueblo cesando a las autoridades surgidas del fallido Consejo sin mediación de una fase de evaluación que puede estar plagada de circunstancias.
Asimismo manifestamos nuestra profunda extrañeza por evitar la opinión del pueblo acerca de la dependencia del sistema judicial al Ejecutivo, que evita la formación democrática de nuestro Estado.
Asumimos que varias preguntas relativas a temas económicos como la Ley de Plusvalía, las limitaciones a la minería metálica y las nuevas disposiciones respecto de la minería no metálica apuntalan básicamente a pilares de la gestión de políticas públicas asumidas por el Ejecutivo y que precisan de aceptación. No obstante a su formulación incompleta esperamos que en el futuro puedan abrirse nuevos canales de procesamiento de esos temas, más allá de su tímida formulación.
No obstante a las anteriores observaciones, consideramos necesario apoyar con un voto positivo también a estas preguntas.