Redacción QUITO
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio decidió cesar las funciones de Patricio Rivera como Superintendente de Economía Popular y Solidaria, por no haberse posesionado dentro del plazo de 15 días que plantea la Ley de Servicio Público.
Según consta en un informe jurídico interno, Rivera fue posesionado el 19 de diciembre de 2017, es decir, 235 días después de lo permitido.
«Las autoridades públicas deben ser un ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico», expresó sobre el tema el consejo Pablo Dávila.
Además, el jueves 29 de marzo, Rivera no asistió a una audiencia pública convocada por el Pleno del Consejo transitorio para que presente sus argumentos de defensa.
Rivera remitió un documento de descargo en el que señaló que se han violentado sus derechos al debido proceso, pues primero se elabora un informe recomendando el cese en sus funciones y luego lo llaman a una audiencia.
El Consejo transitorio dispuso que la Contraloría del Estado realice un examen especial para que se estudie los recursos económicos destinados a la designación de Rivera en el cargo.