La tarde de hoy, 04 de abril, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) aprobó tres informes que determinan irregularidades en tres obras desarrolladas durante el correísmo: el poliducto Pascuales-Cuenca, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y las Escuelas del Milenio.
Poliducto Pascuales-Cuenca
En el caso del poliducto Pascuales-Cuenca se determinaron graves perjuicios a la empresa Petroecuador y al Estado por una mala ejecución y administración que “vulneró el sistema económico, financiero y legal”.
El informe presenta los siguientes hallazgos dentro de las contrataciones para la ejecución del proyecto:
- Suscripción irregular de convenios de pago.
- Reajustes de precios.
- Convenios de terminación anticipada y terminación unilateral de contrato sin sustentos técnicos, económicos y legales.
- Precios superiores a los de mercado.
- Tráfico de influencias.
- Ejecución de procesos administrativos deficientes.
En contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Caminosca, los documentos fueron firmados después de los plazos definidos, y las multas no fueron cobradas. Respecto a la constructora Norberto Odebrecht se determinó que la obra llegará a costar USD 547´071.713,55, monto que ascendería a USD 653´542.946,34, más el valor de USD 48´000.000,00 por la actual declaratoria de emergencia por fallas estructurales.
En cuanto al contrato con la compañía Egis, el costo del servicio de fiscalización de la construcción del proyecto se firmó por USD 20´675.000,00 y asciende actualmente a USD 21´118.849,85 más IVA. Hasta el momento no se ha suscrito el Acta de Entrega-Recepción y el valor de multas no cobradas supera el 5% del valor contrato principal.
Toachi-Pilatón
El informe de investigación determino que su ejecución ha ocasionado una pérdida para el Estado de aproximadamente USD 3.6 millones de dólares mensuales, sin incluir daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de los contratos, la finalización del proceso de construcción, inicio de operaciones, producción y comercialización de la energía eléctrica en el Sistema Nacional Interconectado.
La investigación determina presuntas irregularidades en varias etapas del proceso y en la contratación con empresas internacionales. Además, existe evidencia de un beneficio al concesionario privado a través de la erogación de recursos públicos por parte del Estado.
Por otro lado, una parte de este proyecto fue financiada a través de los fondos previsionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que incumple con la Constitución de la República. Asimismo, el Directorio del Banco del IESS perjudicó directamente a los afiliados con el financiamiento de USD 250’000.000 de los fondos provisionales.
En el informe se presume que el economista Rafael Correa, cuando ocupaba el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, habría cometido tráfico de influencias y, como Presidente de la República, permitió la terminación irregular de contratos. Además, presume que participó en los delitos de peculado, delincuencia organizada y asociación ilícita. También se incluye la presunta participación como responsables del delito de peculado de:
- Jorge Glas Espinel: Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos
- Milton Gustavo Baroja; prefecto provincial de Pichincha
- Alexis Mera Giler, exsecretario Jurídico de la Presidencia;
- René Ramírez Gallegos y Héctor Espinel Chiriboga, exsecretarios nacionales de Planificación y Desarrollo;
- Ramiro González; en su calidad de representante del H. Consejo Provincial de Pichincha;
- Iván Rodríguez Ramos, y Galo Alfredo Chiriboga, exministros de Energía y Minas; este último además como Fiscal General del Estado;
- Alecksey Mosquera Rodríguez, Teddy Valdivieso, y Esteban AlbornozVintimilla, exministros de Electricidad y Energía Renovable;
- Fausto Ortiz de la Cadena, exministro de Economía y Finanzas.
Escuelas del Milenio
El informe determinó un incremento de costos en las construcciones que fluctuaron entre el 7,82% y el 102, 53%, producido por la desviación de fondos a través de contrataciones directas millonarias tras los decretos de emergencia emitidos por el expresidente Rafael Correa en el sector educativo. Frente a ello, el informe critica las acciones de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado en cuanto a estas prácticas irregulares que conllevan a un perjuicio al erario público.
Este incremento en los costos se presencia en las Unidades Educativas del Milenio: Dayuma Kento, Píllaro, Nuevo Rocafuerte, Malimpia y Mushuk Ayllu (102,54%; 99,9%; 86,24%; 80,89% y 70,22%, respectivamente).
Tras la visita de campo, se evidenció una baja calidad de los materiales de construcción, falta de agua, fallas en el sistema eléctrico, computadoras y proyectores sin funcionar y el decrecimiento de la cantidad de estudiantes.
El documento determina que los costos de construcción y de adjudicaciones no son precisos debido a la información incompleta entregada por el Ministerio de Educación y otras instituciones como el Servicio de Contratación de Obras (SECOB), Ecuador Estratégico y Secretaría Nacional de Planificación (Senplades).
Tal es el caso de cuatro proyectos de inversión que según la Senplades suman un total de USD 1.044´432.659 hasta el 2017, mientras el eSIGEF señala un solo proyecto con un costo de USD 3.134´845.229.
Respecto a los tres casos, el CPCCS-T anunció que presentará ante la Fiscalía General las denuncias respectivas y solicitará a la Contraloría General realizar los exámenes correspondientes.