La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordene al Gobierno que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
De esta manera se frenaría la creación de un Consejo transitorio porque puede “generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo la separación de poderes”, señala la CIDH.
La Comisión también mencionó la ausencia de control constitucional previo a la propuesta de referéndum, como elemento que podría ser valorado por la Corte IDH.
El 28 de diciembre de 2017 la institución internacional recibió una solicitud para que se presentara un requerimiento de medidas provisionales a la Corte IDH a favor de los solicitantes.
‘No cabe’
Según el asambleísta Fabricio Villamar (CREO), la decisión de la CIDH hay que considerarla en dos momentos distintos, tanto históricos como jurídicos, ya que la solicitud fue presentada antes de que el pueblo se pronunciara sobre el Cpccs en una consulta popular y referéndum.
“Por tanto, no cabe este pronunciamiento y el Estado ecuatoriano tendrá que cumplir con el mandato popular”, agregó.
En varias ocasiones, el entonces presidente Rafael Correa criticó y deslegitimó a la CIDH por ser un organismo creado “a la medida de los Estados Unidos” y pedía la formación de un organismo de Derechos Humanos de corte latinoamericano. (SE)