Correa justificó en la CC su pedido de consulta popular. La oposición critica los casos de corrupción.
Las denuncias que enfrenta el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli opacan el discurso de “pacto ético” que plantea el Gobierno al gestionar en la Corte Constitucional (CC) un pedido de consulta popular para que los funcionarios públicos con capitales en paraísos fiscales tengan un año de plazo para retornarlos a Ecuador. Al menos eso creen opositores y analistas consultados.
Pareja es acusado de formar parte de una presunta red de corrupción en Petroecuador. Pero el sociólogo Pablo Moreno recuerda que el caso de Pareja no es el único. “Hay una gran cantidad de casos que están olvidados”, advierte.
La exsambleísta María Paula Romo coincide en que sería importante conocer qué ocurrió con la investigación de la asambleísta Esperanza Galván, el caso Cofiec, Pedro Delgado… “Esto se debería aclarar antes de proponernos una consulta que termina siendo una estrategia retórica pero que no pone el ‘dedo en la llaga’”, agrega Romo.
Cree que lo que se intenta es distraer la atención y en lugar de plantear una consulta sobre el pacto ético debería tomar otras decisiones. “El Presidente dice que no habría sucedido lo de Pareja si no hubiera paraísos fiscales, pero también se podría decir que este caso no habría sucedido sin declaratorias de emergencia, si no hubiera impunidad, protección estatal o contratos sin filtros”.
Romo opina que el discurso del Presidente es un “pretexto” para incorporarse en la campaña electoral. “La Corte Constitucional (CC) debe identificarlo de esa manera y evitar una manipulación”, añade.
Contexto
Ayer, en la CC, el presidente, Rafael Correa, justificó ante los jueces la necesidad de que se apruebe la pregunta para la consulta popular. El trámite busca incluir una papeleta en las elecciones.
Durante la audiencia, el mandatario sugirió que lo se intenta es acabar con la corrupción. “Lo acabamos de sufrir en carne propia y en forma muy dolorosa la corruptela que se ha encontrado en la Refinería de Esmeraldas, no eludimos nuestra responsabilidad y pedimos disculpas al pueblo por este caso de corrupción que nos avergüenza y que no quedará en la impunidad”.
La jueza ponente estima que en 10 días estará listo el proyecto de dictamen que deberá ser conocido en el Pleno de la CC que emitirá el fallo definitivo.
Desde pasadas las 08:00, simpatizantes del Gobierno y organizaciones afines como la Central Única de Trabajadores, Fenocin, Red de Maestros, se concentraron en los exteriores de la Corte para apoyar al pedido del Presidente.
La asambleísta Rosana Alvarado (PAIS) defiende el “pacto ético” y asegura que siempre es el momento para debatir y reflexionar no solo a partir de un caso porque el tema no tiene que ver con el cambio de funcionarios. “Quizá vendrán otros con las mismas prácticas, por lo tanto, debe rebasar los nombres y personas”. (SC)
Estudio de Contraloría
La Contraloría concluyó el análisis de dos de los contratos que se firmaron para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas. En ambos se encontraron irregularidades y serán remitidos a la función Judicial.
“Estamos revisando 1.090 millones de dólares que están dirigidos en 63 contratos que hicieron, de los 400 que se firmaron, luego procederemos al resto”, dijo el contralor, Carlos Pólit.
Agregó que las auditorías se vienen desarrollando desde hace seis meses. “Ya estamos terminando muchos de ellos, ya tenemos dos contratos con resultados negativos y que vamos a determinar en los próximos días”.
Cifra
10
días tomaría el análisis del pedido presidencial.
El Dato
13 millones hallaron en las cuentas de Álex Bravo.