Un abogado y un exfuncionario de Petroecuador se suman al caso Odebrecht.
Fiscalía formuló cargos contra el exgerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador, Ramiro Carrillo, a quien le acusó del presunto delito de lavado de activos por un monto superior a los 200.000 dólares, que serían producto de los sobornos entregados por la constructora Norberto Odebrecht, para la obtención del contrato de construcción del poliducto Pascuales-Cuenca.
La fiscal Diana Salazar fue la encargada de exponer los elementos de convicción que se ha recogido en la etapa de indagación previa y según narró, el ahora procesado trabajó para Petroecuador desde 2003 hasta 2014, con algunos intervalos. Carrillo quedó con arresto domiciliario por tener 66 años de edad, pero también se dictó prohibición de enajenar bienes, retención de cuentas bancarias y la utilización del dispositivo electrónico.
El ahora procesado, por delegación del entonces gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, firmó el 27 de octubre de 2013, el contrato para el poliducto Pascuales Cuenca. La Fiscal sostiene que este contrato fue producto del pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a varios funcionarios públicos.
Salazar explicó que en la declaración juramentada de Carrillo, realizada en el 2014, cuando se dio por terminado su relación laborar con Petroecuador, no declara la relación que mantenía con Black Maooh Construcciones, pero de la información que se obtuvo, todo era ficticio y más bien esa empresa habría sido el nexo que sirvió para que Odebrecht haga llegar los recursos ilegales al procesado.
En las declaraciones de Carrillo también se estableció que tiene un inmueble valorado en 140.000 dólares, pero en el allanamiento al domicilio que se realizó el viernes pasado en horas de la noche, se encontró el avalúo que llega a los 300.000 dólares, a más de los bienes muebles de alta gama que no pudieron ser justificados con las respectivas facturas.
Diana Salar hizo notar que cuando surgió la investigación del tema Odebrecht, en enero de 2017, el ahora procesado procedió a declarar la disolución conyugal y traspasó todos sus bienes a nombre de su cónyuge, que incluye vehículos y otros.
El supuesto delito que se le imputa está tipificado en el artículo 327, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona con una pena de 10 a 13 años de privación de la libertad.
Ramiro Carrillo, a través de su abogado defensor, se acogió al derecho al silencio, pero aclaró que esto no significa que no vaya a colaborar en la investigación. Que lo hacía porque desconocía el contenido de la acusación y que en poco tiempo era difícil armar una defensa técnica. (LC)
El otro procesado
° Por cuerda separada, pero por el mismo tipo penal de lavado de activos, fue procesado el abogado Diego Cabrera, quien aparece como accionista de varias empresas, algunas en proceso de disolución y dos de ellas ‘off shore’ constituidas en Panamá, por medio de las cuales se habría pagado a otro procesado en uno de los juicios por la trama de corrupción en Petroecuador.
En este caso, que también tiene que ver con la firma del contrato del poliducto Pascuales Cuenca, se dictó la prisión preventiva del procesado y según dijo la fiscal Diana Salazar, en el allanamiento a su domicilio se encontró documentación financiera sobre el tema de Odebrecht y otros documentos como cuentas bancarias, claves y transferencias de cuentas en el exterior, especialmente en bancos establecidos en Curazao, Panamá y Bélice. Según el SRI, Diego Cabrera, declaró en 2015 ganancias por 300.000 dólares, pero conforme el Sistema Financiero Nacional, manejó más de dos millones de dólares.
La investigación avanza
Veinte y dos personas fueron citada para que rindan su versión libre y voluntaria. Deberán acudir a la Fiscalía entre el 5 y el 11 de julio. Entre los citados a comparecer está Tomislav T. Este empresario guayaquileño aparece como representante de Telconet, una empresa constituida en 1995 y que ha mantenido contratos con el Estado ecuatoriano.
Otro de los llamados a comparecer es Carlos Pareja Cordero, quien a la fecha también es procesado por presunto lavado de activos dentro del caso de la estatal petrolera. Los testimonios de estas 22 personas permanecerán en reserva, debido a la orden judicial del magistrado Patricio Baño.