Audiencia en CIDH sobre acceso a Justicia para mujeres en Ecuador

CITA. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão (segundo a la izquierda) acompañado de comisionados. (Foto: EFE)
CITA. El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão (segundo a la izquierda) acompañado de comisionados. (Foto: EFE)

La Cancillería preparaba ayer una respuesta por escrito. Organizaciones quieren que acudan autoridades del Estado.

Organizaciones de la sociedad civil concurrirán mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona en Bogotá, Colombia, con un informe en el que denuncian un acceso desigual de las mujeres a la Justicia en Ecuador.

El documento es suscrito por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Centro de Apoyo y Protección Surkuna y la Coalición Nacional de Mujeres, y alude a cuatro temas: impunidad, estigmatización, falta de información y estadísticas “alarmantes”.

“Las principales dificultades tienen que ver, primero, con la estigmatización sufrida por las mujeres por su condición de tales durante las investigaciones y, en general, a lo largo de los procesos judiciales”, indica el texto.

A modo de ejemplo, cita el caso de Carolina Garzón, una joven desaparecida desde 2015 y se menciona que los agentes investigadores han insinuado que el hecho se dio porque ella “tendría un modo de vida inadecuado y lleno de vicios…”.

En segundo lugar, el documento reclama por “la falta de sanción y reparación integral en la que quedan muchos de los procesos judiciales por la presión social tendiente a silenciar las denuncias, por el mal manejo de la prueba por parte de operadores de Justicia”.

Refiere que datos de la Fiscalía dan cuenta que desde 2014, cuando el femicidio o asesinato de mujeres por su condición de género se tipificó en el Código Penal, se han dado 244 casos, pero solo 62 de ellos han recibido sentencias condenatorias.

Respuesta oficial
La Cancillería alistaba ayer una respuesta por escrito a la CIDH, por parte de varias instituciones, aunque todavía no se confirmaba la participación de autoridades del Estado en esta audiencia, como era la aspiración de esos colectivos.

72
fiscalías especializadas en violencia de género hay en Ecuador, pero colectivos indican que ese número es insuficiente.Paola Mera, directora nacional de Violencia Intrafamiliar y Género del Ministerio de Justicia, reconoció que en el país “no ha habido grandes avances en el ámbito de la prevención” y que esta ha sido una demanda constante de las organizaciones.

Sin embargo, resaltó que la nueva Ley para prevenir la Violencia de Género, recientemente aprobada en el país, da los lineamientos para enfrentar este problema y anunció que se creará una mesa técnica de coordinación interinstitucional.

Antecedente
El Estado ecuatoriano no ha acudido a las audiencias temáticas que ha realizado la CIDH en los últimos cinco años (desde noviembre 2012), incluidos los dos períodos de 2017, cuando el presidente, Lenín Moreno, asumió sus funciones.

EL DATO
Desde que en 2014 el femicidio se tipificó en el Código Penal, el Ministerio de Justicia registra 272 casos hasta ahora.El jueves pasado, las organizaciones enviaron una carta al mandatario en la que señalaron que no dejan de reconocer que la actuación de la CIDH frente a la recientemente elaborada consulta popular fue errónea.

No obstante, aseguran que “este no puede ser un motivo para que se continúe con la campaña de desprestigio y desconocimiento de las competencias de este organismo, dejando en desprotección a otras víctimas que podrían beneficiarse de un Sistema Interamericano”. (RVD)

Sobre defensores del ambiente
° Ayer, en su primera jornada del periodo de sesiones número 167 de la CIDH en la capital colombiana, se analizó la protección de las personas defensoras del territorio y medioambiente de la Región Andina. Activistas señalaron que ha habido “casos de represión administrativa contra las organizaciones que apoyan a los defensores; por ejemplo, espionaje en Perú y posible cierre a Acción Ecológica en Ecuador”, por lo que recomendaron que desde el organismo “se fomente una cultura de respeto para los defensores”.