Armamento obsoleto no puede ser sacado del país

Con una serie de argumentos legales y morales, las Fuerzas Armadas cuestionaron las declaraciones del subdirector del Instituto de Patrimonio Cultural, Carlos Guerrero Bermez, en el sentido de que el armamento obsoleto no puede ser sacado del pa. Seg las Fuerzas Armadas, las afirmaciones del Subdirector de Patrimonio Cultural son dudosas, si se tiene en cuenta que el abogado defensor del multimillonario Fernando Aspiazu, quien guarda prisi, es Jos Guerrero Bermez. En el orden jurico, las FF.AA. afirman que aunque en el literal a del Art. 7 de la Ley se dice que los objetos de metal son susceptibles de ser calificados como patrimoniales, no cumple con la otra exigencia de ese mismo literal, seg el cual deben pertenecer a las ocas prehispicas y colonial, por lo que no existe mito suficiente para considerar al material bico obsoleto como Patrimonio Cultural . Y agregan: La Fuerza Terrestre ha elaborado un contrato de compra-venta de material bico obsoleto, cumpliendo a cabalidad con las leyes y reglamentos pertinentes donde se pone de manifiesto una vez m la legalidad y transparencia de sus actos , dicen. Compradores ingenuos Por otra parte, las FF.AA. dicen que la empresa norteamericana que adquiri esa chatarra sabrsacar el mejor provecho de esta compra y es posible que ese material sea reciclado . De igual manera y en forma irica, los militares ecuatorianos dicen que dicha empresa podr contratar al seudo coleccionista Julio Ramez, quien en forma diligente presental Juez Fiscal una excitativa para que se investigue el asunto, o podr venderse, previa la limpieza que aconseja Ramez, como antigdes del S. XVIII, donde cada fusil ser cotizado hasta en 150 mil dares, gracias a la ingenuidad de ciertos compradores , aclaran. Tambi aseguran que Carlos Guerrero Bermez se ha abrogado funciones que no le corresponden al realizar las declaraciones como director encargado, pues esten contra del Art. 23, que dice que en ausencia del titular le reemplazarun miembro del Directorio a pedido del director general. QUITO