Quito, EFE
Amnistía Internacional (AI) entregó este lunes a la Fiscalía General del Estado ecuatoriano más de 250.000 firmas para pedir que se investiguen de manera «efectiva» ataques y amenazas contra cuatro dirigentes del movimiento Mujeres Amazónicas.
El encargado de campaña para Suramérica de la ONG internacional, Andrés Rangel, explicó a Efe que la petición busca, en particular, defender a la Amazonía y a sus mujeres, «que han sido víctimas de ataques y amenazas sin que el Estado les garantice medidas efectivas y reales para protegerlas e identificar a sus agresores».
AI ha recolectado las firmas en al menos 168 países para la campaña en apoyo de Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, pertenecientes al colectivo Mujeres Amazónicas.
Con ello busca avances en las investigaciones, que estas se conduzcan «de manera inmediata, imparcial y efectiva», la implementación de un protocolo de investigación de crímenes contra personas defensoras, y la colaboración interinstitucional para poner en marcha una política de protección de personas defensoras.
«Estas personas por defender los derechos de toda la sociedad, asumen riesgos muy altos y por eso también son objeto de ataques y amenazas», recordó Rangel.
Y resaltó que la aplicación de esas medidas es indispensable para garantizar la labor en Ecuador de los defensores de los derechos humanos sin que por ello deban «arriesgar su vida».
Una de las mujeres afectadas por las amenazas, Patricia Gualinga, del pueblo originario kichwa de Sarayaku, exigió que se investiguen los ataques, así como el cese de las concesiones estatales en los «territorios indígenas» a empresas petroleras, madereras y mineras.
«Estamos entregando más de 252.000 firmas que han sido recogidas tras las amenazas que sufrimos cuatro mujeres en 2018 y todas miembros del colectivo de Mujeres Amazónicas», censuró.
En su caso, unos desconocidos rompieron los vidrios de las ventanas de su casa, y según sus palabras, le espetaron: «Hija de puta, te vamos a matar».
«Para mí fue impactante, yo denuncié al día siguiente, hice público lo que me había pasado y a raíz de eso otras mujeres fueron amenazadas y quemaron la casa de Margoth Escobar», lamentó.
Originaria de la provincia amazónica de Pastaza, Escobar se quejó de que las denuncias interpuestas hace varios años han resultado infructuosas y acusó al Estado de «reprimir, burlarse, enjuiciarlas y encarcelarlas».
«Visibilizamos lo invisible, lo que pasa en la Amazonía. Venimos diciendo basta de explotación petrolera, venimos defendiendo la selva contra las políticas del Estado de las hidroeléctricas y también las mineras», apostilló.
En marzo de 2018 el colectivo entregó «un mandato» al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en el que expresaban su rechazo a las actividades extractivas que dañan los territorios donde habitan sus comunidades y denuncian que hasta la fecha no hay ningún avance.
En los últimos dos años la organización internacional junto con más de 70 ONG aunaron esfuerzos en una campaña para proteger a las mujeres indígenas ante la falta de respuesta por parte del Estado.
AI también expuso recientemente la situación del defensor del Pueblo de Ecuador, Fredy Carrión, que recibió amenazas de muerte y solicitó en su caso a la Fiscalía que investigara los hechos «de manera inmediata y adecuada».
Una delegación de la ONG se encuentra desde el domingo en el país suramericano donde realiza una misión para conocer y exponer los casos de «amenazas» e «impunidad» a los defensores de los derechos humanos y pedir al Ejecutivo su protección.