Dentro de los procesos penales, se usaron “delitos muy graves”, indicó la vocal del Consejo de la Judicatura transitorio, Angélica Porras.
La mayor parte de los casos que revisó la Mesa por la Verdad y Justicia sobre persecución política durante el régimen de Rafael Correa, fueron enjuiciamientos penales. A partir de 2007, año en que llegó Correa a la presidencia, se comenzó a utilizar el delito de terrorismo para acusar a disidentes del Gobierno.
Esa es una de las conclusiones del informe preliminar que presentó la Mesa. Desde ese año, explicó el presidente, Paúl Jácome, hubo una “ruptura del orden jurídico” cuando se enjuició al expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) Marcelo Rivera por agresión terrorista.
Así, de los 247 casos que analizó la Mesa, el 59% corresponde a procesos penales, mientras que el 20% a contenciosos administrativos. También hubo procesos constitucionales (13%), civiles (5%), de trabajo (3%) y contravenciones (1%).
Dentro de los procesos penales, se usaron “delitos muy graves”, indicó la vocal del Consejo de la Judicatura transitorio, Angélica Porras. Esta característica se registró en las cuatro comisiones que conformó la mesa. En casos en contra de defensores de los derechos a la naturaleza, pueblos indígenas, libertad de expresión y 30-S. (AGO)