Redacción QUITO
Al finalizar la presentación de sus alegatos finales, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió al Tribunal se fije como monto de reparación integral el triple de 7’575.196,09 que, según dijo, recibieron en conjunto los implicados en el proceso. Para que establezcan el monto, Salazar pidió a los jueces considerar que la sumatoria de todos los contratos y convenios de pago suscritos entre el Estado y las empresas entre el 2012 y 2016 ascendió a 1.130’420.108 de dólares.
Además, Salazar solicitó al Tribunal se imponga la pena máxima para el expresidente Rafael Correa y los excolaboradores de su régimen señalados en esta causa como autores directos del delito de cohecho. La pena que pide es de 8 años, incluido los agravantes del cohecho.
La misma sanción fue pedida para los empresarios, excepto para Pedro Verduga, para quien se pidió dos años al considerarse que su testimonio fue clave para sustentar la teoría del caso.
Sobre la exasesora de Presidencia, Pamela Martínez y su asistente, Laura Terán, Salazar pidió al Tribunal que se les imponga una pena reducida del 90%, en su calidad de cooperadoras eficaces de la Fiscalía. Además, indicó que por audiencia reservada se verifique si ellas cumplieron con las condiciones establecidas de dicha cooperación.
El Tribunal será el encargado de fijar los tiempos de sanción durante el periodo de deliberación.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la sanción para el cohecho va de uno a siete años de prisión.
Procuraduría General del Estado
El procurador general, Íñigo Salvador, que fijó como monto de reparación integral 23’025.588, basado en un peritaje financiero y cotejamientos de información hechos con datos del Servicio de Rentas Internas.
El funcionario también pidió la pena máxima en calidad de autor mediano a Rafael Correa, mientras que como autores directos, solicitó la misma sanción para el exvicepresidente Jorge Glas, al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, los exministros, Walter Solís, Vinicio Alvarado, María Duarte, la exasesora de Presidencia, Pamela Martínez su asistente, Laura Terán, para la asambleísta, Viviana Bonilla y Christian Viteri.
La misma sanción solicitó para los empresarios, excepto para Pedro Verduga. Es decir, sobre ellos, se adhirió a lo expuesto por la Fiscalía.
Además, pidió que los 21 procesados deban pedir disculpas públicas a través de un medio de comunicación de difusión nacional.