Afectados por los procesos judiciales que se abrieron durante del régimen de Rafael Correa, a raíz de los acontecimientos del 30 de septiembre de 2010, respaldan la evaluación que realiza el Consejo de la Judicatura a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y piden que en el ámbito de sus competencias sancione a 14 de esos magistrados que intervinieron en los casos.
Ayer fueron recibidos por el pleno de la Judicatura en comisión general. Paúl Jácome, presidente de la Mesa por la Verdad y Justicia, que documentó casos de presuntas irregularidades en los procedimientos judiciales, expuso que el 30-S es una fecha emblemática, ya que fue el punto de partida para el inicio de una persecución política en contra de los opositores.
“Lamentablemente, la justicia se convirtió en un apéndice del expresidente de la República y nosotros fuimos objetos de procesos judiciales carentes de independencia e imparcialidad”, manifestó Jácome, uno de los tres sentenciados por la toma de la Gobernación de Cotopaxi.
Alejandra Cevallos, quien fue procesada por ingresar a las instalaciones de Ecuador TV, aseguró que las autoridades judiciales se “prestaron” a un guion político elaborado por el mandatario de turno.
El mecanismo
Tanto Jácome como Cevallos manifestaron que la evaluación a los magistrados nacionales es el mecanismo para sancionar a aquellos que intervinieron en la represión política, por lo que cuenta con el respaldo de los perseguidos políticos.
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Años se cumplieron ayer de la revuelta policial.Agregaron que el proceso de evaluación tiene que ser riguroso para poder llegar a la verdad de lo que en verdad motivó la revuelta policial del 30-S y sus consecuencias posteriores.
“Parte de esa verdad es que los jueces que intervinieron en los casos del 30 de septiembre y en otros que señala nuestro informe de persecución política, ya no vuelvan a administrar justicia en nuestro país”, dijo Jácome.
La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, les indicó que se está analizando el informe presentado por la Mesa de la Verdad y la Justicia, y que en base a este documento se están determinando si hubo presuntas infracciones por parte de los magistrados como para que ameriten sanciones disciplinarias.
“Si se han descubierto posibles infracciones disciplinarias de nuestros jueces, seremos como en todos los casos: implacables y rigurosos en el control disciplinario; y seremos como en todos los casos, vigilantes de que el comportamiento disciplinario de nuestros juzgadores nos permita tutelar efectivamente los derechos de nuestros ciudadanos”, manifestó. (HCR)