A paso firme

Rocío Silva

A veinte días de que el Dr. Javier Altamirano asuma sus funciones como alcalde del cantón Ambato, se enfrenta a dos situaciones difíciles, que para su resolución deberá contar con el criterio multidisciplinar y técnico.

La primera situación se relaciona con los contratos firmados a último momento por el alcalde saliente, que como se sabe obedecían a intereses electorales y demagógicos; hemos visto que como unas horas de lluvia pusieron en riesgo un cúmulo de edificios de vivienda en el sector de la Mascota, donde se están efectuando obras. Así también, como se ha evacuado a habitantes del Centro Comercial Ambato, ante el hundimiento de las estructuras como consecuencia de los trabajos de ampliación del parqueadero.

La segunda situación se relaciona con los permisos de funcionamiento y autorización del uso del suelo en la zona urbana, por parte de administraciones municipales anteriores. Por citar un ejemplo, se autorizó hace unos seis años la ubicación de una bodega de materiales de construcción en la Avda. Rodrigo Pachano; sin tomar en consideración que junto a la misma se ubica una institución educativa, que la vía mencionada es de alto tráfico y que el terreno donde se asienta la bodega es a desnivel proclive a hundimientos. Todo esto contribuye a que en la zona haya un peligro inminente, por la congestión que provoca el ingreso de camiones de carga pesada que a cualquier hora del día hacen sus desembargos de material obstaculizando las dos vías, porque hay otros camiones parqueados en las aceras, por el peso del material descargado.

Las autoridades actuales deben actuar a paso firme y en las dos situaciones señaladas, podrían remitirse al COOTAD en su Art. 480.- Irrevocabilidad de las autorizaciones.- Excepto en caso de emergencia declarada, el gobierno cantonal o distrital, no podrá revocar o modificar las autorizaciones concedidas, si las obras hubieran sido iniciadas y se estuvieren ejecutando conforme a las mismas, sin contar con el consentimiento de los promotores o ejecutores, bajo pena de pagar a éstos y a los propietarios de los lotes, los daños y perjuicios que tal hecho origine.